Hace 10 años los consumidores mexicanos tenían una limitada oferta de servicios de telecomunicaciones, lo que implicaba precios elevados y calidad deficiente, pero a partir de 2013 la historia cambió con la reforma en telecomunicaciones y la creación delInstituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el organismo encargado de supervisar el uso y la prestación de este tipo de servicios en el país. Hoy, con su extinción todos los avances podrían retroceder, opinan los especialistas.

Con la incorporación de las funciones del IFT a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), no sólo se estaría reacomodando el presupuesto de mil 510 millones de pesos destinado al organismo autónomo en 2021, sino que también se reconfiguraría el panorama de las telecomunicaciones.

Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), considera que el gobierno es uno de los ganadores al asumir el presupuesto del IFT y al concentrar, vía la SCT, el control político de las comunicaciones.

“También ganan los actores económicos más grandes, cuyo poder es más fácil de que prevalezca si establecen una negociación política y clientelar con el gobierno federal” añadió el experto en telecomunicaciones de la UNAM.

Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit (CIU), declaró en entrevista con MILENIO que “el gran ganador sería el agente económico preponderante, América Móvil, que ostenta casi dos partes del mercado con Telcel y Telmex”.

El también miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) opina que lo ideal es “optar por una mejor regulación al darle más músculo a los órganos reguladores, según las experiencias internacionales”.

Piedras señaló que el IFT ha impulsado la conectividad. En 2020, 97.4 millones de habitantes contó con internet de banda ancha móvil, cifra muy superior a los 4.8 millones de personas que podían conectarse así en 2010.

“La desaparición del IFT únicamente beneficiaría una mayor concentración de los grandes grupos de poder económico y político en telecomunicaciones y radiodifusión”, coincide Clara Luz Álvarez, académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Apunta que sería mejor identificar cuáles son las áreas en las que puede mejorar el IFT en lugar de desaparecerlo, “hay que fortalecerlo y exigirle una estricta rendición de cuentas”.

Para la ex comisionada del IFT, María Elena Estavillo, eliminar al IFT significa dar pasos atrás en una construcción democrática de contrapeso y rendición de cuentas.

“Se necesita un regulador independiente que no esté politizado, al quedar estas funciones en manos del poder ejecutivo cambia de enfoque, ahora será recaudatorio para favorecer al erario y no para impulsar una política de cobertura de los servicios de telecomunicaciones”, dice la ahora presidenta de Conectadas Mx, una red de mujeres en pro de la igualdad en los sectores de telecomunicaciones, radiodifusión y TIC.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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