Representantes del sector privado se manifestaron contra la iniciativa para prohibir la subcontratación de personal y sancionar esa práctica como delincuencia organizada, al tiempo de solicitar a la Cámara de Diputados diferir la entrada en vigor de la reforma en materia de “outsourcing” hasta 2022.

En el marco del parlamento abierto virtual convocado por las comisiones de Trabajo y de Hacienda en el Palacio de San Lázaro para analizar dicho proyecto, las cámaras y organismos empresariales alertaron sobre el riesgo de incrementar la economía informal y obstaculizar la creación de nuevos empleos como consecuencia de la reforma.

El presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo (ConMéxico), Jaime Zabludovsky, cuestionó la propuesta de sancionar la subcontratación como defraudación fiscal equiparable a delincuencia organizada y propuso, en su caso, castigar a las empresas como solidarios.

Instó a los legisladores a definir un periodo de transición de un año para la entrada en vigor de las reformas.

“Dadas las implicaciones que tienen las modificaciones propuestas, como desempleo formal, las revisiones contractuales y la incertidumbre jurídica, solicitamos un periodo de transición de por lo menos un año adicional a lo que propone la iniciativa, es decir, que la entrada en vigor de las modificaciones sea el 1 de enero de 2022”, dijo.

Por outsourcing trabajadores pasan de informalidad a formalidad: Canacintra

En su turno, el presidente de la Comisión Laboral de Canacintra, Raúl Maillard, remarcó que, gracias al outsourcing, más de 200 mil trabajadores pasan cada año del sector informal a la formalidad, por lo que su eliminación lejos de ayudar, regresaría a la informalidad.

“No podemos prohibir la subcontratación de personal, pues ello nos llevaría al silogismo de que para terminar con cáncer hay que acabar con la vida de todas las personas que padecen esa enfermedad”, dijo.

Jaime Oscar Bustamante, vicepresidente del Comité de Capital Humano y Asuntos Laborales de American Chamber of Commerce of México, sostuvo que si bien el marco legal de la subcontratación requiere ajustes para evitar el uso ilegal de figura, también debe servir para proteger derechos laborales más de 4.5 millones ocupados bajo esquema, pero remarcó:

“Expresamos profunda preocupación por propuesta desaparecer la figura, ya que ello significará un aumento enorme de la actividad informal y un obstáculo para la generación de nuevos empleos, haciendo mucho más profunda la crisis económica y social del país, y retrasando la recuperación”.

Por separado y en representación de Manpower, Mónica Flores manifestó su desacuerdo con las prácticas de evasión, elusión, simulación y atentado a los derechos del trabajador, pero rechazó que la iniciativa, como está planteada, termine con esas prácticas.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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