Uno de los errores más comunes que las empresas cometen en sus operaciones comerciales es dar por hecho procesos internos que garantizan que su operación cumple con los estándares de responsabilidad social empresarial. En especial cuando parte de sus insumos dependen de la cadena de valor y de las de sus proveedores; confían que cumplen estrictamente con los procesos de fabricación tal y como se lo encomendaron.

Sin embargo, abundan ejemplos de denuncias de abusos por no haber prevenido posibles efectos negativos hacia el consumidor y el medio ambiente.

Casos como los de una empresa que tuvo que retirar productos fabricados por un proveedor que desplumaba aves vivas cuyas plumas se utilizaban para el relleno de edredones y almohadas; o la de un fabricante de muebles denunciado por utilizar maderas taladas ilegalmente proporcionadas por el proveedor.

Estas situaciones no solo afectan la operación comercial, al tener que retirar el producto cuestionado del mercado, sino que impactan negativamente en la reputación empresarial.

La respuesta de las empresas frente a estas denuncias, generalmente es desconocer o haber confiado en los procesos éticos de los proveedores. Siempre y cuando no haya existido una actitud dolosa por parte de la empresa, esta situación provoca, sin duda, una situación no deseada al interior de la misma.

Revisando atentamente casos donde las empresas enfrentan estas situaciones, se puede detectar que la mayoría de las veces se debe a la falta del debido seguimiento sobre la calidad de los producto o servicios prestados por los proveedores.

Pues bien, veamos que deberían hacer las empresas para minimizar estas situaciones. Según el Principio 13. b de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos:

La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas:

b) Traten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos.

Para prevenir o mitigar la posibilidad los impactos negativos en primer lugar tienen que realizar el proceso denominado due diligence, o sea, evaluar el impacto real y potencial de las actividades sobre los derechos humanos. Esta evaluación se realiza en el seno de la propia empresa o mediante la contratación externa de una consultora o de expertos en derechos humanos. En este sentido el Principio 18 establece: A fin de calibrar los riesgos en materia de derechos humanos, las empresas deben identificar y evaluar las consecuencias negativas reales o potenciales sobre los derechos humanos en las que puedan verse implicadas ya sea a través de sus propias actividades o como resultado de sus relaciones comerciales. Este proceso debe:

a) Recurrir a expertos en derechos humanos internos y/o independientes

Sugiero siempre que se privilegie contratar evaluaciones externas, por la consideración de que estas no están supeditada a presiones del entorno empresarial; además, estas incorporan los riesgos para los titulares de derechos y no solamente los riesgos de la empresa. Por ejemplo, considerar cuáles serían los derechos humanos que se podrían vulnerar en un contexto determinado de operaciones.

La evaluación realizada de esta manera es la base para el análisis de los procesos de producción y comercialización que permite hacer las correcciones y cambios necesarios para prevenir o mitigar las consecuencias negativas tanto en el ámbito social como ambiental. Este es un proceso continuo ya que deberán evaluarse los cambios efectuados y la eficacia de los mismos.

Hacer lo anterior no es suficiente por si solo, ya que esta evaluación requiere de un debido seguimiento. En la mayoría de los casos, las empresas no supervisan la entera línea de valor y mucho menos la de sus proveedores, ya que se enfocan en la producción en términos de volúmenes y en la comercialización de su producto. Es aquí donde se comete el error original.

Para mejorar esta supervisión he resumido los siguientes pasos:

1. Establecer la trazabilidad del producto. Eso quiere decir que se describa todos los procesos y proveedores que participaron en la realización del producto final.

2. Disponer de una unidad interna que se dedique a controlar la cadena de valor de la empresa y de visitar periódicamente a los proveedores y a su vez a su cadena de valor. Es recomendable que esta capacidad sea proveída por una consultora externa.

3. Informar a todas las partes interesadas del resultado de este proceso, en especial a los posibles damnificados, los accionistas e inversores.

4. Reparar por las consecuencias negativas de sus operaciones y de la de proveedores.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

 

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