La Secretaría de Hacienda negó “categóricamente” estar restringiendo los derechos del debido proceso y la oportunidad que tienen los contribuyentes de recibir un juicio y una adecuada representación legal, esto en respuesta a la carta enviada por la Barra Americana (conocida en México como el Colegio de Abogados de Estados Unidos) en la cual exigió al gobierno mexicano que respete el Estado de Derecho de los contribuyentes.

“El Gobierno de México niega categóricamente estar restringiendo los derechos más elementales del debido proceso y la oportunidad de los contribuyentes de recibir un juicio justo a través de una adecuada representación legal. Reconoce, promueve y celebra las funciones de los abogados que asesoran a los contribuyentes en cuestiones impositivas. No sólo los considera importantes y trascendentes, sino necesarios para el Estado de derecho”, dijo.

Este viernes en una nota informativa, Hacienda indicó que, por el contrario, las autoridades reconocen y promueven las funciones de los abogados que asesoran a los contribuyentes; además aseveró que es “falsa y sin sustento alguno”, la acusación sobre que la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) amenace con investigaciones penales como táctica de negociación.

En la misiva, fechada el 20 octubre, los abogados estadunidenses denunciaron sobre amenazas y presiones del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría Fiscal a supuestos deudores del fisco que han buscado asesoría jurídica para resolver su situación. Así el organismo condenó estas acciones que impiden a los contribuyentes el acceso a la justicia, la representación legal y un juicio justo.

Dentro de la carta enviada, la American Bar Association indicó que las acciones impartidas por las autoridades mexicanas, en especial la Procuraduría Fiscal, violan las nociones fundamentales del debido proceso y los derechos humanos reconocidos por los artículos 14, 17 y 20 fracción B, el inciso VIII de la Constitución Política de México y los artículos 8, párrafo 2, inciso d) y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de la que México es parte.

“Estos derechos están íntimamente vinculados al derecho de los abogados, consultores y litigantes a participar en la práctica de la ley, para brindar asesoría legal y representar a sus clientes frente a acciones gubernamentales. Respeto total porque estos derechos son el sello distintivo de toda sociedad democrática y el estándar de la democracia gobierno”.

En respuesta, el gobierno mexicano aseguró que la Procuraduría ha iniciado investigaciones, ya que es su obligación hacerlo cuando identifica elementos constitutivos de algún delito fiscal, esto en cumplimiento al artículo 31, fracción IV de la Constitución, el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación y los artículos 10, 81 y 82 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“La Procuraduría Fiscal no amenaza; denuncia conductas socialmente reprobables y presenta su postura ante un juez. Si algún contribuyente – imputado penalmente por la comisión de un delito fiscal- propone o solicita celebrar un acuerdo reparatorio, comprometiéndose a corregir su situación fiscal, la Procuraduría Fiscal valorará si es oportuno otorgarlo, con base en las características del caso y los requisitos normativos”, explicó.

Agregó que, incluso, con las reformas legales que entraron en vigor recientemente, la Procuraduría realizará acusaciones penales en contra de empresas o entidades jurídicas cuando se hayan cometido delitos fiscales por su cuenta, a su nombre, en su beneficio o con los medios que éstas provean.

“Si la autoridad identifica conductas de abogados o asesores fiscales que tienen como propósito planear o ejecutar un acto de defraudación fiscal, también ellos serán imputados penalmente, dado que la Constitución defiende y garantiza el libre ejercicio de las profesiones, siempre y cuando ese ejercicio sea legal. Por lo tanto, cuando no lo sea, dichas conductas serán sancionadas, no sólo en interés del sistema tributario federal, sino del gremio de abogados en general”.

Finalmente, Hacienda indicó que una de las grandes prioridades del Gobierno mexicano y de su ciudadanía es perseguir penalmente las conductas criminales. “Por lo tanto, la Procuraduría Fiscal de la Federación aplicará todo el rigor de la ley en contra de quienes pretenden burlar sus obligaciones fiscales, pero cualquier acusación se realizará en estricto apego a las normas constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México”.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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