Un total de 61 trabajadores del Poder Judicial del Estado de Oaxaca alcanzaron sanciones por faltas administrativas en 2019, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal realizado por el Inegi, el Poder Judicial de Morelos registró la mayor cantidad de servidores públicos sancionados por actos de corrupción o malas prácticas administrativas en 2019 al amonestar, suspender o inhabilitar a 161 funcionarios, publicó Milenio.

Dicha cifra representa 25 por ciento de los burócratas castigados en los 32 sistemas de justicia estatales, ya que 626 trabajadores fueron penalizados por cometer malas prácticas gubernamentales.

A pesar del alto número de personal castigado en Morelos, la mayoría de los casos fue por cometer faltas administrativas no graves, ya que solo 20 personas fueron destituidas de su cargo y otras seis fueron suspendidas de sus funciones, mientras que el resto solo recibieron amonestaciones públicas o privadas.

El Poder Judicial de Ciudad de México castigó a 63 servidores públicos, de los cuales solamente en un caso ameritó la separación del cargo y en otros siete casos los infractores sufrieron sanciones económicas.

Cabe recordar que en la administración federal se lleva a cabo una lucha constante contra la corrupción y destaca que los dos estados con más burócratas castigados en los sistemas de impartición de justicia son gobernados por Morena.

En Oaxaca sumaron 61 trabajadores sancionados por realizar faltas administrativas que se resolvieron con una simple amonestación privada, de acuerdo con los datos recopilados por el Inegi.

Un caso muy peculiar se da en Chiapas, donde 46 servidores públicos fueron penalizados en 2019. Esta entidad sobresale del resto porque fue la que registró más faltas administrativas graves con 19 casos.

A pesar de lo anterior, solamente un burócrata del Poder Judicial de Chiapas fue separado de su cargo por actos de corrupción en el año pasado y otras 18 recibieron sanciones económicas para reparar el daño a las arcas públicas.

En el lado opuesto se ubican Aguascalientes y Zacatecas con ningún trabajador penalizado por malas prácticas administrativas, mientras que, en Baja California Sur, Chihuahua, y Sinaloa solo se registró una infracción en cada entidad.

Víctimas de delitos

En lo que respecta a la incidencia delictiva, las causas penales ingresadas en primera instancia en los juzgados del país muestran que hubo 191 mil 537 víctimas del delito en el país durante el año pasado.

Dicha cifra representa un ligero incremento de uno por ciento con respecto al número de personas que padecieron un crimen en 2018, según el Censo de Impartición de Justicia Estatal.

Por su volumen poblacional, la Ciudad de México y el Estado de México son las entidades con más personas afectadas por el delito con 29 mil 496 y 24 mil 893 casos respectivamente.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio
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