Laboratorios PiSAy la Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, (DIMESA) aclararon que la determinación de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de inhabilitarlos por 30 meses no abarca las adjudicaciones formalizadas con la administración pública federal.

“Los contratos adjudicados y los que actualmente se tengan formalizados y vigentes entre Laboratorios PiSA y DIMESA, con las dependencias y entidades de la administración pública federal no quedan comprendidos en esta inhabilitación, por lo que continuaremos surtiendo órdenes de compra amparadas en los contratos vigentes”, aclaró.

Las circulares 18/2020 y 19/2020, publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF), donde se comunica a las dependencias y entidades de la administración pública federal abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos, están vinculados con un proceso de 2017.

“La sanción se vincula con un proceso de adjudicación de Servicio Integral de Anestesia (SIA) para el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que se llevó a cabo en el año 2017.

“El motivo de la sanción se deriva de la presentación de documentación con la que las empresas aseguraban contar con las condiciones técnicas para cumplir el contrato; sin embargo, durante la investigación las autoridades consideraron que dicha información no respaldaba plenamente la oferta, teniendo como consecuencia la sanción consistente en la inhabilitación antes referida”.

El alcance de la inhabilitación es exclusivo para las entidades federativas, municipios y alcadías de la Ciudad de México, cuando las adquisiciones se realicen con cargo total o parcial a fondos federales.

De igual manera aclaró que esta inhabilitación no incluye ventas a hospitales privados, farmacias, mayoristas, distribuidores del sector privado en general, ni entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, cuando las adquisiciones se realicen sin cargo a fondos federales.

“En Grupo PiSA somos respetuosos de las normas y disposiciones que emita el gobierno federal, al respecto, confiamos en las instituciones que hacen valer la Justicia y el Estado de Derecho”.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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