Durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (de 2006 a 2018) se cometieron más de 300 casos de crímenes considerados graves por parte de integrantes del Ejército hacia la población, así lo reveló el informe Entre la Brutalidad y la Impunidad de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

Según el documento, se sistematizaron 301 casos de crímenes graves, narrados en 268 recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

De estos casos analizados, se encontraron mil 712 víctimas, de las cuales mil 195 fueron torturadas, asesinadas o víctimas de desaparición forzada y el resto de ellas por detención arbitraria o violación a sus derechos humanos.

Pero durante la presentación del informe, especialistas y defensores de derechos humanos aseguraron que aún hay casos que fueron descartados, por cuestiones metodológicas o que quedaron aislados por las recomendaciones.

Para la creación del informe tomaron en cuenta 999 recomendaciones hechas por la CNDH entre diciembre de 2006 a junio de 2019, de las cuales hasta el 2018 encontraron solamente 21 recomendaciones publicadas como «violación es graves», pero a partir de la lectura de la totalidad de éstas encontraron que deberían sumarse por lo menos 247 más, las cuales fueron específicamente cometidos por el aparato estatal.

En esta última versión del informe contempló la adhesión de todo el periodo de la administración de Peña Nieto, lo cual se traduce a 98 casos adicionales de 64 recomendaciones.

Los delitos que sobresalieron fueron la tortura y la desaparición forzada, aunque el análisis también contempló el asesinato, violencia física y sexual.

Se contabilizaron 221 casos de tortura documentados en 190 recomendaciones de la CNDH, durante ese periodo, las cuales suman 736 víctimas de este crimen.

Pero entre los servidores públicos investigados por el delito de tortura en la Fiscalía Especializada en Investigaciones del Delito de Tortura (FEIDT) se encuentran 609 integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y 780 de la secretaría de Marina.

Por su parte, las fiscalías estatales reportaron 21 mil 360 investigaciones penales por el mismo delito y en el Consejo de la Judicatura Federal sólo se han emitido 27 sentencias a nivel federal, de las cuales 18 fueron condenatorias.

En cuanto al problema de desaparición forzada, únicamente se tomaron en cuenta las quejas presentadas en la CNDH y que culminaron en recomendación, cuyas víctimas rondan en 613, de los cuales 119 de los casos involucran a miembros de la Fuerzas Armadas, detallando que hay 88 por funcionarios de la Sedena y 31 de la Semar.

Durante el periodo que abarca el informe las Fuerzas Armadas fueron señaladas como la responsable del mayor número de delitos en desaparición forzada y tortura.

En su intervención en la presentación del informe, Jorge Lule, investigador de la CMDPDH, destacó que todos estos casos de faltas graves a la sociedad mexicana ocurren por órdenes de superiores.

«Ningún militar tiene permitido usar su arma hasta que su titular de mando lo ordene», condenó.

Por su parte, Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) destacó que estos hechos suceden porque son permitidos por los grandes mandos del Estado y afirmó que se deben cambiar las fiscalías, en donde los nombramientos deben ser especializados en el tema.

«¿Por qué si el gobierno de Calderón tomó una terrible decisión de sacar al Ejército a las calles, lo cual nos ha traído terribles consecuencias, lo han seguido manteniendo los otros dos gobiernos?».

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

 

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