El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha topado con varios callejones sin salida en la búsqueda de la verdad en el caso Ayotzinapa. La última pista falsa comenzó con Eliseo Villar Castillo, ex dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en San Luis Acatlán, Guerrero.

Desde el penal de Chilpancingo, donde se encontraba recluido acusado de robo calificado y secuestro, el ex policía comunitario aseguró conocer el paradero de los 43 normalistas desaparecidos desde el 26 de septiembre de 2014.

Villar Castillo explicó que dos sicarios que conoció en prisión le confesaron, a detalle, su participación en la noche de Iguala; incluso le revelaron que habían sido contratados para este trabajo por Onésimo Marquina, El Nencho, dirigente de la Policía Comunitaria de Heliodoro Castillo, vinculado con el crimen organizado.

El ex coordinador de la CRAC dio la información al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas; al abogado de los padres de los normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales; y al fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera.

Semanas después, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) se presentó al penal de Chilpancingo para tomar la declaración ministerial de los sicarios, presuntamente confesos del crimen de los normalistas de Ayotzinapa.

Pero entonces, las inconsistencias comenzaron: uno de ellos dijo no saber nada al respecto. El otro, Juan ‘N’, sí respondió a los cuestionamientos del agente del Ministerio Público de la Federación y constan en el expediente.

En su declaración ministerial, Juan ‘N’ confesó haber participado en la desaparición y asesinato de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

También relató que aquella noche se llevaron a los jóvenes en un autobús desde Iguala hasta un poblado enclavado en la sierra en el municipio de San Miguel Totolapan, a varias horas de distancia.

Tan solo ambas cabeceras municipales están ubicadas a más de 150 kilómetros y unas tres horas de distancia.

De acuerdo con el relato de Juan ‘N’, todos los normalistas fueron asesinados y enterrados en una fosa clandestina en un predio privado y el autobús había sido escondido en una “casa grande techada”.

Días después de obtener esta nueva pista, una comitiva de padres de familia de los 43 normalistas, personal de la Fiscalía General de la República y del grupo de búsqueda de la Comisión de la Verdad para Ayotzinapa, se trasladaron hasta ese paraje en la sierra de Guerrero.

Pero los resultados de la diligencia fueron decepcionantes: para llegar a ese poblado de San Miguel Totolapan, las autoridades se encontraron un estrecho camino de terracería intransitable en el que no, por el tamaño, podría ingresar un autobús.

Los horarios, de entre 10 y 11 de la noche, en el que supuestamente se habían llevado a los 43 normalistas, de acuerdo al relato de Juan “N”, no coincidían con la narrativa más fuerte que tiene la FGR en el caso.

Incluso, al llegar al punto donde supuestamente se encontraba la fosa clandestina de gran tamaño y en la que habrían sido enterrados los jóvenes, no encontraron nada, ni siquiera restos de otras personas.

La búsqueda fue inútil.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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