Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, dio a conocer que continúan haciendo investigaciones sobre las denuncias de histerectomías realizadas a mujeres inmigrantes en centro de detención en Estados Unidos, por parte de elementos del sistema de Servicio de inmigración Aduanas (ICE), por sus siglas en inglés.

“Habíamos hablado con seis y ninguna de esas seis tiene operaciones de ese tipo pero se ha entrevistado a 20 mujeres de un universo de 24 en ese lugar y ninguna de las 20 nos ha confirmado que se le haya hecho una cosa de esas pero tenemos que trabajar la investigación”, señaló en canciller en entrevista durante un evento de la iniciativa Juntos por la salud.

Ebrard dijo que se entrevistarán a dos mujeres más que están en México, aunque hasta ahora no se tiene registro de que connacionales hayan sufrido de tal hecho.

Por su parte, la Unión Americana de las Libertades Civiles, (ACLU) por sus siglas en inglés, denunció que los abusos reproductivos ejercidos por ICE tienen un historial que va más allá de la reciente denuncia de una mujer hondureña.

“Estados Unidos tiene una larga historia de esterilización forzada de personas negras, marrones e indígenas”, informó la organización, además de señalar que dentro de los centro de detención a lo largo de la frontera, mujeres inmigrantes han sido obligadas a abortar.

En 2018, la administración Trump revirtió una política de la era de Obama que presumía que las personas embarazadas no deberían ser detenidas. Ahora, ICE está tomando decisiones opacas, sobre si una mujer embarazada debe ser encarcelada.

En 2019, la ACLU de los condados de San Diego e Imperial y la ACLU del Centro de Derechos Fronterizos de Texas presentaron una serie de quejas administrativas a la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional basadas en entrevistas con más de 100 personas poco después de su liberación de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), incluida la Patrulla Fronteriza.

Una mujer embarazada dijo que un agente de la Patrulla Fronteriza la golpeó repetidamente contra una cerca de alambre. Otra dijo haber experimentado un aborto espontáneo mientras estuvo detenida en una instalación de la Patrulla Fronteriza durante 12 días y no recibió ningún producto higiénico ni atención médica.

Otras más relataron que los oficiales de la Patrulla Fronteriza les pidieron abortar, todo mientras estaban retenidas en instalaciones abarrotadas e insalubres con poco acceso a alimentos o agua. La atención médica para estas mujeres a menudo se retrasó o se negó, todo mientras soportaban abuso verbal.

Con Trump, mujeres detenidas que abortaron casi se duplicó

Durante los primeros dos años de la administración Trump, el número de mujeres indocumentadas que abortaron mientras estaban detenidas por el gobierno casi se duplicó. En febrero de 2019, una mujer hondureña de 24 años entró en trabajo de parto prematuro y dio a luz a un niño muerto cuatro días después de ser detenida por ICE.

En febrero pasado, ACLU y el Servicio de Familias Judías de San Diego presentaron una queja ante la OIG en nombre de una mujer embarazada que se vio obligada a dar a luz a un niño en una hielera de la Patrulla Fronteriza mientras estaba de pie y aún vestía pantalones, después de que los agentes de la Patrulla Fronteriza le negaran repetidamente sus solicitudes de atención médica.

“La evidencia es clara: los inmigrantes son abusados, silenciados, traumatizados e incluso asesinados de forma rutinaria por el sistema de detención de inmigrantes de este país”, señala el informe de ACLU.

La organización exige al gobierno de Trump el cierre del centro de Irwin, donde de expusieron los casos de histerectomía. “La hostilidad de la administración Trump hacia la libertad reproductiva de los inmigrantes bajo su custodia ha sido evidente desde hace mucho tiempo”.

También pide retirar los fondos de ICE y CBP, para “desmantelar el cruel sistema de detención de inmigrantes y asegurarnos de que todos tengan la capacidad de tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de la salud reproductiva”.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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