El Congreso de Oaxaca determinó aplicar penas más severas a los deudores de pensiones alimenticias e instruyó crear el buró de deudores para que no puedan acceder a puestos en el servicio público o en la política.

Los 40 de 42 legisladores emitieron sus votos para reformar el párrafo primero del artículo 413 del código Penal para el Estado de Oaxaca, que ahora contempla la imposición de una pena de cuatro a ocho años de prisión y una multa de 200 a 260 veces el valor diario de la Unidad de Medida de Actualización, con lo que se aumentan los años de castigo a las personas que incumplan con la obligación de dar alimentos a sus hijos.

Asimismo, se suprime el término “sin motivo justificado”, del texto, debido a que podría ser un impedimento para lograr el efectivo cumplimiento de acceso a la justicia.

Elisa Zepeda Lagunas, diputada que impulsó la iniciativa, destacó que con esta adecuación a la penalidad se atiende el principio de proporcionalidad de la pena, que implica que esta debe guardar relación con el daño causado por el delito.

Precisó que en el caso de la conducta omisiva del responsable en tutelar el derecho de los alimentos, pone en peligro el interés superior del menor.

En ese mismo orden, la legislatura local urgió a la Dirección General del Registro Civil a poner en operación inmediata el Buró o Registro de Deudores Alimentarios Morosos, para dar certeza al derecho de menores de edad a recibir alimentos, y evitar que los morosos puedan acceder a un cargos públicos o políticos.

Mediante un exhorto, impulsado por la congresista Hilda Graciela Pérez Luis, se requirió a la dependencia estatal cumplir con el decreto 1468 aprobado el 15 de abril del año 2018, en el cual, se adicionó el Capítulo III, denominado «Del registro de deudores alimentarios morosos», al Código Civil del Estado de Oaxaca.

El llamado urgente, se debe a que el plazo de seis meses para la creación de dicho instrumento concluyó el 24 de diciembre del 2018. El objeto principal es la elaboración de un padrón donde estarán inscritas aquellas personas que incumplan, total o parcialmente, con la obligación alimentaria ordenada por un mandato o convenio judicial.

El punto de acuerdo cita que, en la Convención sobre los Derechos de los Niños, suscrita por México en 1990, se indica que los países deberán garantizar el pago de la pensión alimenticia, que será suministrada por los padres.

Con el fin de atender disposiciones internacionales, así como de nuestra Carta Magna mexicana, el Poder Legislativo local acordó exhortar al titular de la Dirección del Registro Civil del Estado de Oaxaca, para que a la brevedad dé cumplimiento al decreto 1468.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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