Con 300 votos a favor, 64 en contra y 41 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para establecer que ningún funcionario federal gane más que el Presidente de la República y definir criterios técnicos para determinar el sueldo anual del mandatario.

Dicho ordenamiento abroga la legislación en la materia publicada en noviembre de 2018 y declarada parcialmente inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

El proyecto establece que “ningún servidor público obligado por la presente ley recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación”.

Con el fin de atender la resolución del Poder Judicial, el dictamen estableció el Producto Interno Bruto per cápita y un límite máximo de referencia como parámetros para definir el monto de la remuneración presidencial.

No obstante, las fracciones del PAN, PRI y PRD advirtieron que la nueva ley mantiene vigentes los elementos de inconstitucionalidad señalados por los ministros y acusaron a Morena de legislar al “capricho” del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si bien atiende varios aspectos de la sentencia de la Suprema Corte que nos ha obligado abordar nuevamente este asunto, deja de lado otros, sin los cuales la ley seguirá incompleta y muy probablemente seguirá estando sujeta a impugnaciones: ni el dictamen, ni la reserva resuelven el tema de fondo, que es la determinación de las remuneraciones del presidente de manera objetiva, proporcional y adecuada”, acusó la panista Laura Rojas.

Los legisladores priistas Enrique Ochoa y Eduardo Zarzoza advirtieron que los elementos señalados por el Poder Judicial como inconstitucionales se incluyeron nuevamente en el articulado.

En el mismo sentido se pronunció desde la tribuna el diputado perredista Antonio Ortega:

“Vergonzosamente, de nueva cuenta Morena presenta un proyecto que no atiende el requerimiento de la Suprema Corte y que va a significar, por quinta, sexta o séptima ocasión, el rechazo a un capricho del presidente que está lesionando derechos de servidores públicos y de instituciones”.

En respuesta, el legislador morenista Pablo Gómez defendió el dictamen y subrayó que poner límite a las remuneraciones de la burocracia responde a un clamor popular.

“Dicen que es el capricho del actual presidente; no es el capricho de nadie, fue un clamor popular que ya entonces existía, porque los funcionarios públicos se ponían el sueldo que querían ponerse y agregaban una serie de prestaciones y en cada dependencia, como dicen popularmente se servían con la cuchara grande”, remarcó.

La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reafirma la prohibición de pensiones para los ex presidentes y otros altos funcionarios públicos.

“No se considerarán ni cubrirán jubilaciones, pensiones, haberes de retiro o pago de semejante naturaleza por servicios prestados en el desempeño de la función pública sin que éstas se encuentran asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. En consecuencia son nulas de pleno derecho las jubilaciones o pensiones, los haberes de retiro o pago semejantes que se hubieren concedido sin estar explícitamente establecidas en los instrumentos jurídicos señalados”, señala.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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