La solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador que presentó al Senadopara llevar a cabo una consulta popular para determinar si se debe juzgar a sus antecesores es inconstitucional, indicaron especialistas en la materia, quienes dijeron que esta acción puede abrir paso a la impunidad, además de que se trata de un acto “más populista que jurídico”.

Los constitucionalistas Miguel Carbonell, Alberto del Castillo del Valle y a Everardo Moreno Cruz, consultados por MILENIO, coincidieron en señalar que la propuesta presidencial no debe proceder y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe rechazar.

Miguel Carbonell explicó que la redacción de la propuesta de pregunta que dio a conocer López Obrador es inconstitucional y puede abrir espacios a la impunidad.

“Imaginemos que la respuesta que diera la gente fuera negativa y que los ex presidentes adquirieran un fuero de facto, una especie de imposibilidad jurídica en contra de ellos, si es que hay pruebas y se acredita una conducta ilegal”, señaló.

Por un lado, abriría la posibilidad de que queden impunes ciertas conductas y por otra parte estaría sentando un precedente muy discutible, porque parecería entonces que la activación de funciones de investigación y sanción de las autoridades competentes dependería de un mandato popular, lo cual es totalmente irregular.

“En el estado constitucional de derecho, las facultades que tienen las autoridades se deben ejercer en los supuestos de la ley, no porque existan consultas o porque la ciudadanía lo exija. La aplicación de las normas jurídicas naturalmente no puede estar sometida a consulta”, enfatizó Carbonell.

Al respecto, Alberto del Castillo dijo que todo ciudadano que tiene conocimiento de un delito tiene que denunciarlo al Ministerio Público.

“Si el Presidente tiene noticia de que un ex servidor público cometió un delito, entonces que proceda inmediatamente a denunciarlo y aportar los datos de prueba que tenga para que el Ministerio Público esté en actitud de iniciar la carpeta de investigación y en su caso ejercer la acción penal”, comentó.

Del Castillo indicó que “sería extraordinariamente absurdo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación validara una barbaridad de esta calidad, sobre todo por tratarse de una cuestión que la propia Constitución no permitiría, porque estaríamos hablando de poner a consideración de la ciudadanía el respeto a las garantías de los que fueron presidentes. Ellos también tienen garantías, no obstante, de lo que pueda pensarse por algunas personas”, declaró.

Puntualizó que esta petición “es populista más que jurídica”. Subrayó que incluso el Presidente puede incurrir en responsabilidad desde el momento mismo en que no estaría cumpliendo con la obligación de denunciar el hecho que él estima que es ilícito y entonces podría procederse por encubrimiento. La Constitución, abundó, tampoco permite llevar a consulta popular la restricción de los derechos humanos.

Everardo Moreno Cruz también calificó de inconstitucional la petición, porque dijo que no tiene que andarse preguntando algo que la autoridad está obligada hacer, es decir, investigar cualquier conducta delictiva.

“Los ex presidentes no tienen fuero, el artículo 35 Constitucional, establece que tienen que consultarse aquellos asuntos que son de trascendencia nacional. ¿Es de trascendencia saber cómo se comportó un presidente? Sí, pero no es de trascendencia nacional que se esté preguntando algo tan obvio como el que el Ministerio Público que cumpla con su función. Por eso yo consideró que es una pregunta tonta y absurda, es una pregunta sin sentido, es un gasto inútil”, expuso.

Indicó que la Corte tiene que rechazar la petición, “porque ahí están los que saben de derecho, el Presidente no está obligado a saber de derecho, pero sí tiene un abogado cerca que es Julio Scherer que debería decirle: ‘señor Presidente esto no procede’”.

Everardo Moreno concluyó diciendo que esto es sólo un acto populista donde el Presidente, quiere “andarse ganando la simpatía de la gente”.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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