A casi tres años de la muerte de 19 niños y siete adultos en el colegio Enrique Rébsamen, en la alcaldía Tlalpan, por el sismo del 19 de septiembre de 2017, los padres de los menores siguen en espera de una disculpa pública por estos hechos, en los que dicen, hubo negligencias y corrupción, por lo que exigen que se construya un memorial para sus hijos, derivado de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2019.

De acuerdo con Enrique Fuentes, abogado de cinco familias de los menores, no pedirán una reparación del daño sino “la aplicación de la justicia”, el próximo 17 de septiembre, cuando se lleven a cabo los alegatos de clausura del caso y posiblemente una sentencia contra Mónica García Villegas, ex directora del colegio, contra quien pedirán más de 20 años de cárcel.

“Esperamos que el 17 de este mes obtengamos una resolución en la cual se establezca que la señora es penalmente responsable en conjunto con los Directores Responsables de Obras (DRO), quienes en su oportunidad van a ser juzgados también, así como las autoridades que toleraron y participaron con ella (Mónica García) y deben de ser castigadas y se deben de aplicar todos los elementos de justicia necesarios para este caso que cobarde e irresponsable por parte de ellos; la corrupción nos alcanzó”, dijo la defensa.

Miriam Guise, madre de José Eduardo, niño de siete años fallecido en colegio, comentó que se ha trabajado con las autoridades en varias reuniones para la edificación del memorial, pero reiteró “que nos den una disculpa pública por los hechos acontecidos en el colegio”.

“En estas juntas se han estado retrasando, realmente nosotros ya queremos trabajar con algo más sólido. Las autoridades se han tardado un poco porque ellos su actuar no es el más expedito y nos están retrasando en ese detalle del memorial. A nosotros que más nos hubiera gustado que a los tres años se llevara a cabo un memorial y que las autoridades dieran una disculpa”.

Asimismo pidió a las autoridades de la alcaldía Tlalpan, a cargo de María Patricia Aceves, “más compromiso porque han estado fallando continuamente y en las reuniones los de Tlalpan no son comprometidos” y externó que lo ideal seria que el memorial se construido en este demarcación, donde ocurrieron los hechos.

Alejandro Jurado, padre de Paola, una menor de siete años que perdió la vida tras el derrumbe, dijo que las autoridades les han propuesto que el memorial sea construido en la Alameda Sur, y algunos camellones, pero, dijo, “realmente no estamos de acuerdo con esto”.

“Lo que estamos buscando es algo que recuerde a nuestros hijos y principalmente la memoria que debe de perdurar es que no debe de haber corrupción (…) si bien Mónica García Villegas con su actuar, desde mi punto de vista, nos falló y a consecuencia de esta tragedia fueron nuestro hijos, también hay varios funcionarios de diferentes niveles (de gobierno) y llegará el momento en que ellos tendrán que dar la cara; pero sí lo que estamos buscando en este caso y estamos viendo con diferentes autoridades del gobierno de la ciudad, del federal y de CNDH principalmente es este memorial para nuestros hijos”.

En entrevista con MILENIO, el abogado dijo que tres DRO están involucrados en el caso y la sanción contra ellos está pendiente además de que ésta “probablemente se le pueda incrementar a la acusada”, además de que hay otras autoridades que “en un momento dado han llegado a participar”.

“Aparte por el homicidio, sí por los delitos por los cuales se les está apercibiendo a los DRO se puede incrementar la sanción”, dijo. Será el próximo 17 de septiembre cuando Mónica García Villegas pueda declarar, si es que así lo desea, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, así como las defensas presentarán sus alegatos finales, y se emitirá una resolución a través de la cual se va a determinar la responsabilidad de la ex directora del colegio, aunque la resolución podría darse hasta un día después dependiendo de la cantidad de pruebas que se lleguen a desahogar ese día.

Para el abogado, este memorial “no es un acto en el que las autoridades estén haciendo un favor sino que es una obligación de éstas” ya que consideró que “es lo mínimo que derivado de actos de corrupción que se llevaron a cabo, les pueden otorgar a los niños y a los papás que fueron víctimas ese día”.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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