Luego de tres años de batalla legal, el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia a favor del derecho humano al agua potable para los habitantes de San Pedro y San Pablo Ayutla, comunidad ayuujk (mixe) de la Sierra Norte de Oaxaca, y ordenó la reconexión inmediata a su manantial, el cual les fue despojado en 2017, junto con las tierras donde se asienta, por un grupo armado de su localidad vecina, Tamazulápam del Espíritu Santo.

De acuerdo con el expediente del caso, fue Amado Chiñas Fuentes, Juez Tercero de Distrito en Oaxaca, quien el pasado 30 de julio sentenció a favor de Ayutla en elJuicio de Amparo 795/2017, mismo que de acuerdo con la autoridad municipal fue interpuesto por habitantes de la comunidad, quienes reclamaron la reconstrucción de su sistema de agua potable y la reconexión de la tubería que fue destruida.

Según la sentencia, el juez determinó conceder el amparo y la protección de la justicia para los pobladores de Ayutla, y ordenó que las autoridades municipales de Tamazulápam del Espíritu Santo y de la agencia Tierra Blanca, “restituyan a los quejosos en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación”.

En otras palabras, el juez ordenó que las autoridades de Tamazulápam adopten “las medidas urgentes e indispensable a fin de garantizar el acceso al servicio de agua a los habitantes de Ayutla, y “realicen la reconexión del agua que emerge del manantial ubicado en el paraje denominado El Manantial, para abastecer de agua a la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla”.

La sentencia también señala que a su vez, el gobierno de Oaxaca, la Secretaría General de Gobierno (Segego), la Comisión Estatal del Agua, y el Organismo Cuenca Pacífico Sur de la Comisión Nacional del Agua, están obligados a “respetar, proteger y hacer cumplir” el derecho humano al acceso al agua.

El juez ordenó que ante ello, dichas instancias, dentro del ámbito de sus atribuciones, “agoten todos los medios que tienen a su alcance  para que se realice la reconexión del agua a la comunidad de San Pedro y San Pablo Ayutla”.

Dicha reconexión, además, debe ser acorde al volumen de metros cúbicos de agua y en los criterios de explotación que autoriza la concesión con número de folio  10OAX129282/28HOGR99, y que fue otorgada por la Conagua a la comunidad el 24 de diciembre de 1999.

Ante esta sentencia favorable, Clemente Antonio Martínez, presidente municipal de Ayutla, solicitó formalmente el 7 de agosto pasado al gobierno estatal la reconexión del sistema de agua potable a la comunidad, dado que aseguró que ya no existen impedimentos legales para que ésta se realice.

El edil mencionó que desde abril pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dictó medidas cautelares a favor de Ayutla, y aunque estas fueron aceptadas, no se realizó el procedimiento de reconexión.

También destacó que en mayo, el Juez Tercero de Distrito revocó y negó una suspensión definitiva solicitada por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Oaxaca y por la Unidad Jurídica de la Comisión Estatal del Agua, por lo que ya no existe ningún freno legal para que sean reconectados al agua potable.

A través de un oficio dirigido al gobernador Alejandro Murat, el presidente municipal reiteró la solicitud de que su sistema hidráulico sea reconectado al manantial denominado Jënaanyëj, pues “inaplazable e incuestionable en atención de las consideraciones que ya fueron resueltas por órganos jurisdiccionales y de derechos humanos, sumado a que la comunidad se han presentado contagios de Covid-19”, finaliza el documento.

En junio de 2017, hombres armados de Tamazulápam del Espíritu Santo dispararon contra comuneros sin armas de Ayutla para despojarlos de los predios donde se asienta su manantial. En el ataque fue asesinado un comunero y seis mujeres fueron víctimas de vejaciones y secuestro, según las denuncias interpuestas en la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Poco después, en agosto de 2017, sus vecinos destruyeron los tanques de agua de Ayutla, valuados en 1.5 millones de pesos, y desde entonces los casi 3 mil habitantes de la cabecera municipal viven una era de la sed, y la comunidad ha emprendido una lucha para recuperar su agua. Todavía no lo logran.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal
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