La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, pidió a los contralores de todo el país trazar un plan de acción para eliminar la práctica de cobrar cuotas a los padres de familia que quieren inscribir a sus hijos en escuelas públicas.

Sandoval calificó como “injusta, retrógrada y abusiva” dicha costumbre, que es ilegal, pero muy común en los planteles escolares.

“Utilicemos esta comisión para trazar un plan de acción que implementemos en las próximas semanas y terminemos de una vez por todas con este problema”, expresó al participar en la XLIV Reunión Nacional de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCEF), de la cual es presidenta.

Ni perdón ni olvido a la corrupción: Sandoval Ballesteros

En la inauguración del encuentro, la funcionaria exhortó a “predicar con el ejemplo y realzar la labor de las contralorías en la vida cotidiana de los ciudadanos: si la corrupción es el segundo problema más importante para los ciudadanos, que las contralorías sean entonces las oficinas más importantes para ellos”.

Pidió demostrar que este país está gobernado por gente decente y fiscalizado por contralores honestos, capaces y comprometidos.

Sandoval Ballesteros aseguró que en el actual gobierno “no hay perdón ni olvido ante la corrupción: todos aquellos que apostaban por un pacto de impunidad se equivocaron”.

Informó que en el último año se impusieron más de 2 mil sanciones a servidores públicos, y destacó las inhabilitaciones de Emilio Lozoya y Rosario Robles.

“Inhabilitamos e impusimos sanciones multimillonarias a los responsables del fraude en Fertinal y Agronitrogenados, y hemos iniciado procedimientos de responsabilidad que involucran a otros miembros del gabinete en la administración pasada, y contribuimos a las investigaciones sobre el caso de García Luna y el narcoestado que se configuró con la avenencia de las autoridades”, afirmó.

Dijo que el objetivo es desenmascarar a los delincuentes de ‘cuello blanco’ que tenían secuestradas las instituciones para saquear al país.

Además, informó que se han impuesto más de 250 sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, con multas por más de mil 500 millones de pesos.

“A través de nuestros Órganos Internos de Control revisamos más de 2 mil contrataciones por covid-19, entre los meses de marzo y junio del presente año”, expuso.

Además, detalló que hasta el 31 de julio, más de 90 por ciento de los servidores públicos obligados a declarar cumplieron con su responsabilidad de presentar su declaración patrimonial.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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