Bianca Digennaro, la mamá de un menor con Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), denunció el arresto de su hijo mientras estaba internada en un hospital en una escuela de Cayo Hueso en Florida y siendo sometido como un criminal a la cárcel, con esposas, foto para el prontuario y muestras de ADN de su boca, y anunció la presentación de una demanda federal contra las autoridades.

Digennaro acudió hoy a una videoconferencia de prensa junto con un grupo de abogados, liderados por Ben Crump, para anunciar una demanda de derechos civiles por la «severa lesión psicológica» ocasionada al niño por las autoridades escolares, policiales y judiciales de Cayo Hueso.

Señalaron que la «traumática» experiencia del arresto, encarcelamiento y presentación de un cargo criminal contra el estudiante ocurrió en diciembre de 2018, cuando él tenía 8 años. Digennaro dijo que «nunca es fácil» ver el video que salió a la luz pública esta semana, donde el menor está sentado, muy calmado, y llega la Policía a arrestarlo, con la dificultad de ponerle las esposas porque son demasiado grandes.

«Estoy triste porque no estuve allí para proteger a mi hijo», dijo conmocionada la mujer, que ese día no pudo acudir porque estaba siendo sometida a una operación para extraerle un tumor. Digennaro contó que desde entonces libró una batalla de nueve meses para que le retiraran a su hijo los cargos de agresión, para lo cual tuvo que contratar un abogado penal y pagar por costosos exámenes médicos.

«Mi hijo tiene una discapacidad y las autoridades intentaron convertirlo en un delincuente a los 8 años», se lamentó Diegennaro, de origen italiano y alemán.

Según la demandante, su hijo, ahora de 10 años, padece de episodios de «depresión y ansiedad» derivados de su trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), de los cuales los abogados dijeron que estaban bien enteradas las autoridades escolares. Precisó que a veces su hijo tiene «berrinches» y rechaza ser tocado, incluso por ella misma.

El niño, del que no se ha dado el nombre por ser menor de edad, fue arrestado después de que una maestra llamara a la Policía porque supuestamente la agredió cuando intentó moverlo a dónde ella quería porque no obedecía sus órdenes. La madre dijo que la demanda es para evitar que otros padres con hijos con discapacidades enfrenten un problema similar.

Precisó que su hijo, para entonces de 1.07 metros de altura y 29 kilogramos de peso, estuvo minutos en la cárcel, pero para él fueron como horas. Crump detalló que este hecho «indignante, impactante e inconstitucional» sucedió durante una «crisis mental» del menor, que estaba medicado, y la demanda se va a centrar en la «violación» a la Ley de Estadunidenses con Discapacidades (ADA).

«Las esposas ni siquiera le servían. Se imaginan qué tenían en su mente, qué debió pensar (el niño)», se lamentó Crump y agregó que lo «peor» vino después con la presentación de cargos criminales.

El abogado, quien dijo que el papá del menor es afroamericano, es conocido por representar varios casos sometidos a discriminación u abuso policial, como el George Floyd, que murió en mayo pasado a manos de un policía en Minnesota y que provocó una ola de protestas nacionales.

Crump manifestó que el caso de este niño evidencia la falta de «humanidad, decencia y compasión» de las autoridades y muestra los fallos de un «sistema completo» que trata de validar esos comportamientos. Subrayó que el mensaje que quieren enviar con esta demanda es la necesidad de «cambiar la cultura de la Policía y de los fiscales».

Los abogados, entre ellos, Devon M. Jacob, de Jacob Litigation, criticaron lo «ridículo» de una Fiscalía de Distrito que presenta cargos contra un menor de 8 años enfermo. Jacob dijo que como policía que él fue antes de ser abogado lamenta que el jefe policial de Cayo Hueso haya dicho que «no hicieron nada erróneo».

«De esa forma, ellos admitieron que fue lo usual. Ese es el problema, por eso es que presentamos esta demanda», enfatizó Jacob.

Criticó que durante el arresto en la escuela había personal escolar, supervisores y policías y que ninguno de estos adultos hizo algo para proteger a un menor con discapacidad. Señaló que la demanda expondrá el «daño psicológico» que ha sufrido este menor enfermo que preguntaba por su padre, pues sabía que su madre estaba hospitalizada.

El niño era «cero amenaza» para todos los adultos que lo rodeaban, enfatizó. «¿Dónde está la decencia, la humanidad? Él es un hijo de alguien», se preguntó Jacob.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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