La reforma al artículo 20 Bis de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, aprobada por la LXIV Legislatura, mediante la cual se prohíbe la venta, regalo, distribución o promoción de productos no saludables a menores de edad, representa una reivindicación del derecho humano a la alimentación.

Así lo afirmó el ombudsperson, Bernardo Rodríguez Alamilla, quien reconoció la labor efectuada por las y los diputados oaxaqueños, ya que la modificación a la citada ley pugna por una alimentación digna para niñas, niños y adolescentes, anteponiendo el interés superior de la infancia.

El defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca reiteró que, durante décadas en México, el excesivo consumo de productos con altos contenidos calóricos como los refrescos y productos no saludables, ha generado graves problemas de salud pública y de enfermedades como la diabetes, hipertensión y obesidad.

Ante ello, afirmó, la pandemia por Covid-19 ha hecho evidente que es indispensable generar nuevos hábitos alimenticios que nos permitan tener una vida más saludable, sustentable y digna.

Recordó que el derecho humano a la alimentación adecuada es interdependiente de otros derechos como el de la salud, la educación y la vida.

Rodríguez Alamilla resaltó que la reforma efectuada por el Congreso de Oaxaca es un primer paso, pero la ley debe acompañarse de aspectos educativos, lo que permitirá generar mejores hábitos alimenticios.

Aunado a ello, resaltó que las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos deben ser escuchados sobre sus propias problemáticas y planteamientos de solución en la creación de políticas públicas, para diversificar los enfoques y no solo el adultocentrista.

El defensor de los Derechos Humanos de Oaxaca, reconoció que la coyuntura histórica de la pandemia si bien representa retos importantes en materia de salud, educación, derechos humanos, economía, trabajo, entre otros, también brinda una oportunidad a la humanidad de construir una sociedad más justa, solidaria y sustentable.

El actual momento es crucial para replantearnos las maneras en cómo nos alimentamos no sólo en el plano individual sino también en el colectivo, porque la obesidad es un problema de salud pública en este país y consecuentemente tenemos la obligación de atenderlo de manera inmediata, dijo.

“Las decisiones que los Estados adopten para hacer frente a la pandemia determinarán cómo será el mundo en el futuro inmediato, por ello es fundamental poner a los derechos humanos en el centro de cada una de esas decisiones y el derecho humano a la alimentación requiere construir esa nueva realidad. Así de grande es el desafío, así de grande tiene que ser la respuesta”, apuntó.

Finalmente, recordó la existencia de instrumentos internacionales que señalan que las empresas deben respetar los derechos humanos de terceros y hacer frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tengan alguna participación, entre ellos, los “Principios Rectores sobre las empresas y los Derechos Humanos”.

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