Hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha confirmado si ya detuvo al exprocurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez y a Daniel Camarena Flores sobre los cuales un juez federal con sede en Jalisco libró orden de  aprehensión por la desaparición de los guerrilleros del Ejército Popular Revolucionario (EPR), Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrido en el 2007.

En cambio, las fuerzas federales aprehendieron este jueves a seis integrantes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) los cuales se encuentran vinculados a esta desaparición forzada.

Anoche, trascendió que un juez federal libró una orden de aprehensión en contra de Evencio Nicolás Martínez Ramírez, quien fuera procurador General de Justicia de Oaxaca en el sexenio del entonces gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

La orden de captura también alcanza a Daniel Camarena Flores quien se desempeñara como Director de la entonces Policía Judicial del Estado (hoy Agencia Estatal de Investigaciones).

Asimismo, a comandantes y efectivos de la extinta PJE hoy AEI, esto por ser probables responsables de la desaparición forzada de 2 integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en mayo del año 2007.

Ayer, fuerzas federales de seguridad detuvieron a los elementos en activo de la Agencia Estatal de Investigaciones, los cuales fueron trasladados a la Comisaría de Prisión Preventiva en el estado de Jalisco.

Familiares de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, mantienen una intensa campaña de búsqueda contra quienes, aseguran, se cometió un delito de lesa humanidad: desaparición forzosa.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dejó claro en 2009 que le corresponde al Estado mexicano la obligación de “restituir a los mencionados el pleno goce de los derechos humanos que les fueron conculcados, así como reparar los daños y perjuicios que se les hubieran ocasionado”.

La última vez que se vio a Reyes Amaya y Cruz Sánchez fue el 25 de mayo de 2007, y desde entonces, el EPR no ha dejado de acusar al gobierno de Oaxaca de orquestar el crimen y al ejecutivo federal de ser cómplice.

El EPR se adjudicó este año tres ataques con bomba en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) para exigir que sus militantes regresaran con vida: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, decía un mensaje hallado en la zona del siniestro.

En 2008 se creó una comisión de mediación compuesta por intelectuales —Miguel Ángel Granados Chapa, Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández, Rosario Ibarra de Piedra, Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz y Carlos Montemayor— para entablar diálogo entre el gobierno federal y el EPR. La iniciativa fracasó.

La Secretaría de Gobernación, encargada de la política interior nacional, apoyó al gobierno de Oaxaca en la teoría de que los eperristas habían sido secuestrados por delincuentes de la entidad, pero rechazaron que se hubiera cometido el delito de desaparición forzada.

La petición de justicia

En su momento, la guerrilla del EPR publicó un comunicado para pedir a sus simpatizantes que redoblen esfuerzos para transformar en ley la exigencia de los familiares y organizaciones civiles de conocer la “verdad histórica sobre el paradero de todas y cada una de las víctimas del pernicioso delito de lesa humanidad de la desaparición forzada” cometida por el Estado mexicano.

La CNDH informó que recibió del entonces gobierno de Gabino Cué una copia del expediente del caso, cuatro años después de que iniciara la investigación. El organismo reiteró su llamado sobre la necesidad de que haya coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y de Justicia de Oaxaca para investigar los hechos y “conocer el destino final de los dos agraviados”.

La recomendación advirtió que los informes de las autoridades federales, estatales y municipales habían incurrido en diversas contradicciones sobre el operativo en el que supuestamente desaparecieron los eperristas.

El organismo defensor de derechos humanos confirmó que Reyes Amaya y Cruz Sánchez fueron trasladados a las instalaciones de la Procuraduría de Oaxaca entre el 24 y 25 de mayo de 2007, y desde entonces, no se ha vuelto a saber de ellos.

El EPR es un grupo guerrillero que surgió en el estado de Guerrero en la década de 1960. Su brazo político es el Partido Democrátivo Popular Revolucionario. En los últimos años se ha unido al paro laboral de los maestros de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) de Oaxaca.

TDG / WLT
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