“El grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR)  solicitó la mediación a un grupo de personas vinculadas con las grandes tareas de la vida nacional. Lo hizo después de realizar algunas acciones de corte militar contra instalaciones de la paraestatal PEMEX, lo cual fue determinante para que los designados le pusieran como condición para aceptar la mediación, que declarara una tregua unilateral, o sea, que cesara todo tipo de actividad bélica mientras duraran las gestiones mediadoras ante las autoridades”.

Así lo señala un informe de la Comisión de Mediación al final del sexenio de Felipe Calderón publicado el 21 de junio de 2012 sobre la desaparición forzada de los guerrilleros, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrido en un hotel de Oaxaca en el año 2007.

En el documento se precisa que la Comisión de Mediación  integrada por el  obispo emérito Samuel Ruiz (+), el escritor Carlos Montemayor (+), el abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa (+), el antropólogo Gilberto López y Rivas y el Frente Nacional Contra la Represión dijeron que intercedían, siempre y cuando el EPR iniciara una tregua mientras duraran las investigaciones y evitar así un derramamiento de sangre en el país.

“La Comisión de Mediación reitera que tal tregua es resultado de la condición planteada a la organización popular armada para iniciar las tareas mediadoras y que el gobierno mexicano precisa reconocerlo así para que contribuya a la mesa de diálogo con otra decisión política equivalente a la tregua, lo que pudo consistir inicialmente en el reconocimiento de la desaparición forzada como hipótesis procesal”.

El 24 de abril, circuló el primer comunicado del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), en el cual propone crear una Comisión de Intermediación con el Gobierno Federal para dialogar sobre la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez militantes de esa organización detenidos y desaparecidos desde el 25 de mayo de 2007. El PDPR-EPR solicitó como intermediarios para dialogar con el Gobierno Federal, al obispo emérito Samuel Ruiz, al escritor Carlos Montemayor, al abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa, al antropólogo Gilberto López y Rivas y al Frente Nacional Contra la Represión.

Un día después Gilberto López y Rivas, Samuel Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa y Carlos Montemayor aceptaron la propuesta del PDPR-EPR, la cual consistía en formar parte de una Comisión Civil Mediadora (COMED), aclarando que dicha Comisión debería tener un carácter puntual orientado en la liberación de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. “De igual forma se solicita que el PDPR-EPR no realice acciones armadas mientras dure las labores de intermediación y que el Gobierno Federal fije su postura ante esa iniciativa”.

Sin embargo, tres de ellos, el obispo emérito Samuel Ruiz, el escritor Carlos Montemayor y el abogado y periodista Miguel Ángel Granados Chapa fallecieron en diversas fechas sin lograr que se hiciera justicia en este caso.

Por su parte, el Ejército Popular Revolucionario (EPR) que tenía una incesante movilidad política en el clandestinaje, tampoco volvió a aparecer, sólo emitió un comunicado para fijar su postura con el naciente gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Expertos llegaron a considerar que el grupo guerrillero se ha escindido.

TDG/WLT

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