Luego de que se informó que el Congreso de Oaxaca aprobó prohibir la venta de refrescos y alimentos chatarra a menores de edad, la iniciativa privada manifestó su rechazo y afirmó que esta medida no resuelve el problema de obesidad infantil.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que dirige Carlos Salazar Lomelín, aseguró que calificar alimentos como buenos o malos y sobre todo, recurrir a prohibiciones de ciertos productos, no es la ruta para combatir los problemas de salud en el país.

«Expresamos nuestra preocupación por el decreto aprobado en el Congreso del estado de Oaxaca, que prohíbe la venta de bebidas no alcohólicas y alimentos preenvasados a menores de edad», aseveró en un comunicado.

Expuso que esta medida no genera acciones reales para atacar el problema de raíz, «daña a las cadenas de valor en plena crisis de pandemia, en particular a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de estos productos».

En ese sentido destacó que la disposición se concentra en productos envasados, lo que generará una competencia desleal y fomentará el comercio informal, con afectaciones a miles de familias que laboran en el sector de producción, venta y distribución de estos productos.

A su vez la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) manifestó su rechazo al dictamen aprobado y coincidió en que una acción como ésta no resuelve el problema de raíz, tan solo afectará a miles de trabajadores.

«No ataca el problema de raíz, ya que no implementa una política pública integral de salud, por el contrario, daña a los pequeños comercios que obtienen la mayor parte de sus ingresos de la venta de estos productos», afirmó.

Resaltó que esta reforma generará un alto impacto económico en diversos sectores de la entidad, afectando principalmente a las micro, pequeñas y medianas empresas, incluyendo a los productores artesanales de cacao y chocolate.

«Hacemos un llamado a las autoridades estatales y federales a establecer un verdadero diálogo para atender los problemas de salud de la población, que busque soluciones integrales, basadas en evidencia y sin afectar las economías regionales y el sustento de las millones de familias», concluyó.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio
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