La Secretaría de Hacienda, a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación, firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Chihuahua, el cual tiene como objetivo el intercambio de información para combatir los delitos fiscales y financieros que se cometan o hayan sido cometidos en dicha entidad federativa, incluyendo actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas.

Gracias a este convenio, toda la cobranza que se realice con motivo de los procedimientos penales derivados del convenio será directamente en beneficio de la entidad federativa, ya sea que se obtengan sentencias favorables de un juez o se celebren acuerdos reparatorios con los imputados.

En videoconferencia para firmar el acuerdo, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó que este convenio es el parteaguas de una nueva forma de colaboración entre las entidades y Hacienda, para que si se detectan problemas, los estados acudan a la procuraduría y ésta litigue los casos correspondientes, reconociendo que Hacienda no siempre tiene la capacidad de cobrar todo lo que corresponde.

Explicó que el beneficio es para ambas partes, pues los recursos derivados de los procesos legales irán al estado de Chihuahua, pero posteriormente, implicará que si los contribuyentes se ponen al corriente, redundará para los años subsecuentes en recursos para la federación.

Así, el gobierno de Chihuahua remitirá toda la información que posea al respecto sobre actos de defraudación fiscal, contrabando y compraventa de facturas falsas, para que la autoridad hacendaria formule las querellas o acusaciones penales correspondientes ante tribunales federales.

El convenio, incluso, podrá servir para procesar penalmente a quienes hayan recurrido a empresas factureras para el desvío de recursos públicos del Estado; además, el propio convenio establece la creación de grupos de enlace interinstitucionales para la implementación eficaz de los acuerdos estipulados.

Delitos de factureras ascendían a 350 mil mdp al año

El procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, detalló que los evasores fiscales siempre dejan rastros y en los procesos penales se llaman evidencias; por tanto, el convenio tiene como propósito seguir huellas o evidencias para usarlos en procesos fiscales de evasión fiscal.

Abundó en que las empresas fastasma, también conocidas como factureras, mermaban los recursos de la hacienda pública por un monto de 350 mil millones de pesos al año, dinero que debió ser destinado a satisfacer necesidades de la sociedad, esto gracias a la colusión entre funcionarios y empresas que llevó a incrementar sus riquezas.

El procurador añadió que algunas de las empresas factureras se ostentaban como despachos que dan asistencia fiscal, utilizaban a notarios, emitían facturas con operaciones simuladas y realizaban transacciones en el sistema financiero, pero, en cada paso se dejaron evidencias que se irán recabando para hacer justicia, esto gracias a la reforma fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2020 y la cual permite de los delitos fiscales más graves conlleven prisión preventiva oficiosa.

Chihuahua confía en autoridades

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, destacó que es la primera entidad que firma este convenio para combatir a empresas fantasma, prestanombres, delincuencia organizada y beneficiarios finales de la evasión fiscal.

Destacó que esto se hizo porque “tiene plena confianza y seguridad en los convenios de colaboración con la federación para estos asuntos y por la integridad del procurador, que le da confianza y seguridad”.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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