Tras la muerte de uno de sus pacientes por Covid-19, el médico Gerardo Vicente Grajales Yuca pasó de dormir un par de horas en su casa a noches completas en la cárcel, luego de que el pasado viernes lo aprehendieron por abuso de autoridad.

Desde marzo pasado, cuando inició la contingencia nacional sanitaria, Grajales Yuca no pudo pasar una noche completa en su casa.

Como encargado del área Covid-19 del Hospital de Especialidades Vida Mejor del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), el médico urgenciólogo prácticamente vivía en el nosocomio para atender a sus pacientes.

A veces sólo regresaba a su hogar para dormir unas horas, comer algo y darse un regaderazo, contó María Fernanda Ochoa, su esposa, en entrevista telefónica.

“A pesar del riesgo, Gerardo los quería ayudar. Es un ser humano sensible y cuando se tenía que quedar más tiempo para sacar a un paciente, lo hacía, estaba el tiempo que tenía que estar en el hospital. Hubo un momento en que pensé que iba a colapsar porque nada más dormía dos horas o tres”, detalló.

“Al principio estaba muy preocupado de que fuera a contagiarnos, pues por toda la exposición que él tenía era muy probable. Después de unas semanas le pegó mucho emocionalmente que viviéramos separados, porque antes de la pandemia él convivía mucho con nuestro bebé de seis meses (…), entonces armamos un protocolo de salud para que él pudiera abrazarlo”, dijo.

Con el paso de las semanas, las preocupaciones de Grajales Yuca se fueron transformando; después de implementar el protocolo de sanitización al llegar a su hogar, le empezó a inquietar que en su hospital no hubiera suficientes camas para atender a pacientes, también la falta de insumos y medicamentos.

De hecho, contó Fernanda, la situación llegó al extremo de que cuando un familiar de los trabajadores tenía que ser internado, entre todos sus compañeros se organizaban para reunir dinero y adquirir los medicamentos que necesitara.

“Me dijo que se estaba incrementando mucho el número de contagios, que sólo se habían quedado con una cama y le preocupaba mucho ya no tener espacios”.

La trampa

Las cosas cambiaron para Grajales Yuca el pasado viernes. Estando de descanso, recibió una llamada telefónica en la cual le pedían acudir al hospital para valorar a un paciente; tomó sus cosas, se despidió de su esposa y salió de su vivienda.

María Fernanda relató que en la esquina lo estaban esperando elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes lo aprehendieron y lo trasladaron a prisión preventiva; en menos de una hora pasó de cuidar a sus pacientes en el hospital, a indiciado de abuso de autoridad y acoso sexual.

Lo denunció la hija de Miguel Arturo Ramírez López, quien fue presidente municipal por el PRI, tres veces diputado local por el PAN y el PVEM, y actualmente fungía como presidente estatal del partido Podemos Mover a Chiapas; el hombre falleció a causa del Covid-19. De acuerdo con la carpeta de investigación 0130-101-1301-2020 iniciada por la Fiscalía General del Estado, a la cual se tuvo acceso, Ramírez López llegó al hospital del Isstech y estuvo bajo el cuidado de Grajales Yuca, el 21 de junio, con insuficiencia respiratoria; la prueba se le aplicó en un laboratorio privado el 17 de junio, cuatro días después de haber presentado síntomas.

Tras una serie de estudios fue dado de alta el día 25 y lo reingresaron el 26 de junio a la Unidad de Cuidados Intensivos; el médico mantenía contacto con la familia, vía WhatsApp, y también en su oficina, según declaró una hija del paciente en la denuncia que presentó.

La familia de Ramírez López acusa que el médico les pidió comprar medicamentos e insumos que iban de los mil 700 a los 42 mil pesos; en un momento, de acuerdo con lo que se establece en la denuncia, Grajales Yuca les solicitó otro fármaco y les ofreció aplicárselo, pero les dijo que después se lo repusieran; además, la hija del paciente reporta que el médico la había mirado de una manera que la incomodó.

“Nos dijo el doctor Yuca que el estado de salud de mi padre se había complicado y que por cualquier situación nos teníamos que preparar con medicamentos para la intubación y coma inducido; ese mismo día nos entregó recetas para que compráramos las medicinas (…) haciéndonos la aclaración de que nos estaba pidiendo este medicamento debido a que en todo el país había escasez, y que en este hospital no lo tenían”, señala la carpeta de investigación.

La fiscalía dio a conocer el caso en el boletín de prensa 10551 en el que informó que aprehendió al médico, publicó una fotografía suya con la leyenda “Cero impunidad”, y señaló que la detención se dio “en el marco del combate frontal a los actos de corrupción”.

“Mi esposo hablaba mucho del señor, no encontraba cómo ayudarlo pero estaban trabajando en el caso. La hija que ahora lo denuncia estaba muy agradecida”, dijo Fernanda Ochoa en entrevista.

Ahora Fernanda dice estar sorprendida del trato que recibe su marido no sólo por lo que implica para su reputación el hecho de que se le acuse de corrupción y abuso, sino porque Gerardo Vicente es hipertenso y no tenía sus medicamentos al momento de ser detenido.

“Fue muy sorprendente, al principio no lo creí, sólo porque él me lo dijo. Gerardo es una persona tranquila y nunca se mete en problemas. Tal vez yo no esperaba un premio por todo lo que hacía, después de todo lo que hizo, el tiempo que perdió de estar con nosotros, su familia, pero que le paguen de esta forma y lo señalen… Él no se merece que le hagan esto. No sé qué está pasando”, comentó.

CNDH ordena investigar caso por posible violación a sus derechos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó iniciar una investigación de oficio y atracción del caso del médico Gerardo Vicente Grajales Yuca, por » posibles violaciones a derechos humanos» en agravio del profesional de salud.

El organismo defensor informó que recibió el testimonio de un familiar del urgenciólogo procesado en el centro penitenciario El Canelo, de la ciudad de Chiapa de Corzo, en el cual señala que desde el arresto «ha sido objeto de violación a sus derechos humanos por parte de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas».

Indicó que derivado de esa denuncia y de publicaciones periodísticas sobre el caso, y con la finalidad de investigar «posibles actos u omisiones cometidos» por servidores públicos de la Fiscalía que pudieran resultar de «especial gravedad y constituir violaciones a los derechos humanos», se integrará el expediente de queja respectivo y en su momento emitirá el pronunciamiento que proceda de acuerdo con la ley

De igual manera exhortó a las autoridades del gobierno de Chiapas  involucradas en el proceso legal que enfrenta el médico, que garanticen que sus acciones sean apegadas a derecho, respetuosas de sus prerrogativas esenciales y se conceda, en el caso, el pleno ejercicio del derecho al debido proceso.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal
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