Después de que el Senado de la República aprobó hoy la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la asociación civil Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal) exhortó a las autoridades a «sopesar» con precaución y seriedad esta ampliación, pues la calificaron como una acción sistematizada y en contra de los derechos de las personas privadas de su libertad.

A través de un comunicado, la asociación destacó que es inevitable que esta nueva regulación impacte negativamente en los centros penitenciarios del país, los cuales en la actualidad se encuentran saturados y rebasados.

Ante esto, recordaron que el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP2019), realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló que el 33.33 por ciento de los centros tenían condiciones de sobre población y el 32.4% de problemas de hacinamiento.

«Estas condiciones que constituyen espacios torturantes, degradantes e inhumanos, no se limitan a las personas sentenciadas, sino que también a las personas procesadas», afirmaron en el comunicado.

Asimismo, aseguraron que en el 55.19 por ciento de los centros estatales que albergan el 86.17 por ciento de la población penitenciaria no hay una separación entre las personas sentenciadas y las procesadas.

Agregaron que por lo menos el 40 por ciento de las personas privadas de la libertad aún no reciben sentencia.

La asociación civil dijo que usar la prisión preventiva debería ser el último recurso para atender situaciones extraordinarias ante la pandemia del covid 19, pues señalaron que esta medida terminará afectando a los sectores vulnerables en los centros penitenciarios, como las mujeres que según el cuaderno mensual de información estadística penitenciaria, el 50 por ciento de ellas se encuentran en prisión sin recibir sentencia.

«La existencia de la prisión preventiva, en sí, no es un desacierto. El problema es cuando se empieza a aplicar sin justificar en cada caso su necesidad, idoneidad y razonabilidad, volando, sobre todo, el derecho a la presunta inocencia», destacaron.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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