La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió las controversias constitucionales promovidas por los gobiernos de Jalisco y Colima en contra de la política eléctrica de la administración de Andrés Manuel López Obrador.

Ambos expedientes ya fueron turnados al ministro Luis María Aguilar para su revisión y posible admisión, y se suman a los ya interpuestos por el gobierno de Tamaulipas, así como por el municipio de Aquiles Serdán, en Chihuahua, y por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

A este último organismo, el ministro Aguilar ya concedió una suspensión para que se detengan todos los efectos y consecuencias del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

En su momento, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, argumentó que con dicho acuerdo, la administración del presidente López Obrador “le cerró la puerta a las energías limpias y con ello comprometió el futuro ambiental de México y el mundo”.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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