La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) deberá entregar toda la documentación relacionada con la sanción impuesta a la farmacéutica PiSA por la falta de certificación vigente en la fabricación de metotrexato, medicamento que se usa para tratar el cáncer en niños.

Así lo determinó el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el cual revocó la respuesta evasiva que la Cofepris dio a un solicitante, quien requirió conocer, entre otros archivos, una copia de la investigación, estudio o cualquier documento que se utilizó para tal determinación y la multa o pena que se le impuso.

Cofepris argumentó que la información era reservada. Sin embargo, en la ponencia de la comisionada Josefina Román, tras analizar el caso, se concluyó que no resultaba procedente la clasificación invocada porque el procedimiento de verificación de cumplimiento de la ley ya había concluido y no estaba en proceso, lo que constituye el primer requisito de procedencia para invocar la reserva.

Además, encontraron que ya se había emitido el acta de verificación en la cual se hacen constar las circunstancias de la diligencia, las deficiencias o anomalías sanitarias observadas, el número y tipo de muestras tomadas y las medidas de seguridad que, en su caso, deberán ejecutarse de manera inmediata.

Ante ello, la comisionada Román propuso revocar la respuesta de Cofepris y ordenarle entregar la documentación requerida.

“Dicha información es de utilidad social, ya que su acceso permitiría que los ciudadanos podamos tomar decisiones informadas y acciones concretas con el fin de vigilar la capacidad de respuesta y efectividad de las autoridades gubernamentales, un tema relevante, el abastecimiento de medicamentos a una de las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad, como son los niños con cáncer”, explicó.

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña, expuso su respaldo a la comisionada ponente y afirmó que “la Cofepris tiene el deber de esclarecer en cada uno de estos casos elementos puntuales sobre la medicación oportuna para que, naturalmente, los esfuerzos institucionales del Estado mexicano, que no sólo del gobierno, hay que decirlo con claridad, sean consecuentes y conducentes con la idea de un país democrático, pero que se traduzca la democracia en utilidad social en cuanto al desarrollo humano, no sólo el desarrollo económico que produce o debe producir naturalmente cuotas de bienestar comprobado”.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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