Una doctora de un hospital de la Ciudad de México señaló que sus supervisores no le permiten beber agua mientras trabaja y debe permanecer seis horas de pie en la sala de aislamiento porque quitarse el traje de protección contra el COVID-19y el proceso de esterilización le lleva media hora.

Éste es uno de los testimonios recopilados por Amnistía Internacional en su informe El costo de curar, que muestra que el personal de salud de diversos países, entre estos México, que está en la primera línea de combate a la pandemia, trabaja en condiciones inseguras, con insuficiente equipo de protección y se arriesgan a sufrir represalias de autoridades o empleadores si alzan la voz.

Alejandro tiene 70 años de edad y gana el equivalente a poco más de cinco dólares estadounidenses al día por trabajar en un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en la capital del país, en el que son atendidos decenas de pacientes con COVID-19.

Pidió que, por estar en riesgo debido a su edad, lo reasignaran a otras zonas del hospital para limpiar sólo en áreas administrativas, la empresa privada que lo contrató, le permitió dejar de limpiar espacios de hospitalización, pero le redujo el sueldo 16 por ciento.

“Don Alejandro contó a Amnistía Internacional que al personal de limpieza del hospital lo obligan a reunirse todos los días y hacer cola durante al menos una hora para firmar su registro de asistencia al trabajo. Este proceso se lleva a cabo sin mantener la distancia social y sin supervisión de seguridad por parte de su empleador”, señaló el hombre a la organización.

Esta asociación aseguró que recibió información de diversas fuentes, incluido personal del ISSSTE, de que el personal de limpieza contratado por una empresa privada no recibe mascarillas ni equipo de protección adecuado, ni siquiera cuando está expuesto a zonas del hospital que están al alcance de pacientes que han dado positivo a COVID-19.

“El gobierno mexicano tiene la obligación de regular adecuadamente el trato impartido por las empresas privadas a su personal y realizar una evaluación previa de las políticas de derechos humanos de las empresas a las que contrata mediante procesos de licitación pública”, indica el informe.

Por: Diana Martínez

 

Esta nota originalmente se publicó en El Heraldo de México

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