Un grupo de verificadores y supervisores de Verificación del Inegi, que trabajaron para sacar adelante el Censo de Población y Vivienda 2020, acusan al organismo de incitarlos a firmar su renuncia «sin respetar su contrato laboral» que termina el 17 de abril, con la premisa de que por la pandemia del coronavirus, covid-19, no podrán trabajar.

En entrevista para Milenio, un grupo de trabajadores acusaron al Inegi de no respetar su contrato y no querer pagarles lo correspondiente.

Cuando los rumores comenzaron

Sonia “N” tiene 27 años. En el Inegi, se desempeñó como supervisora de Verificación para el Censo de Población y Vivienda 2020  y fue citada para que firmara «renuncia voluntaria».

“Yo me dedicaba, con ayuda de todo nuestro equipo de verificadores,  a checar que la información levantada por los encuestadores que realizaron casa por casa fuera correcta”, explicó Sonia “N”.

Sonia entró a laborar desde el 17 de febrero y su contrato finalizaba hasta el 17 de abril. Sin embargo, debido a la pandemia por coronavirus, covid-19, que azota a México los descansaron desde el 31 de marzo.

Desde ese momento, ella junto a los verificadores comenzaron a recibir rumores que se vendrían despidos injustificados.

“A partir del día 31-marzo- nos descansaron. Desde ahí no hemos sabido nada concreto, sólo se comenzó a rumorar que no se nos pagaría la última quincena a nadie -ni supervisores ni verificadores- y que solicitarían nuestra renuncia”, comentó Sonia “N”.

Sin embargo, el día de hoy Sonia «N» aseguró se comprobó lo que se decía, pues los citaron para que firmaran su “renuncia” voluntaria en la oficina de coordinación correspondiente.

Sonia “N” es madre soltera, es jefa de familia y ante este recorte de quincena, considera que es una injusticia, pues le preocupa lo que hará sin dinero durante esta contingencia por coronavirus.

“Soy madre soltera, soy la jefa de familia por lo que este dinero es indispensable para mí y mi hijo. Que por el momento, soy la única fuente que tenemos para sobrevivir. Por lo cual es indispensable para mi poder contar con ese dinero. Ya que no sabemos lo que va a suceder con la contingencia. Además de que no podremos conseguir un trabajo tan fácilmente por lo mismo”, explicó Sonia “N”.

Inegi no da respuesta

Por otro lado, Imelda «N» de 48 años está pasando por la misma situación, ella como Supervisora de Verificación también tenía fecha de fin de contrato el día 17 de abril de 2020.

Trabajó hasta el domingo 29 de marzo, sin embargo, un día después recibió indicaciones de su Responsable de Verificación de que no salieran debido a la contingencia del covid-19.

Ante la poca claridad de lo que sucedería con sus pagos y sus labores, comenzó a preguntar a las autoridades del Inegi, pero no obtuvo respuesta hasta el día de hoy, que fue citada para firmar su “renuncia” voluntaria.

“Este tipo de injusticia es indignante. Es ilegal pretender que firmemos una renuncia cuando no estamos renunciando, atentar contra lo que nuestra máxima autoridad determinó de no hacer despidos injustificados.

Obligarnos en un momento tan vulnerable que estamos viviendo en el país y a nivel mundial, pretender dejarnos a la deriva, sin dinero para comprar lo más básico para sobrevivir durante esta pandemia. Es inhumano, están faltando a nuestros derechos laborales y derechos humanos”, refirió Imelda «N».

Asimismo, recordó que en un curso de capacitación, les reiteraron que debían tener compromiso y protocolos de seguridad, conducta y ética.

“En su curso de capacitación reiteran que el Instituto solicitaba siguiéramos los protocolos y códigos de seguridad, conducta y ética, que ellos ahora desconocen y no aplican. Exigimos que Julio Alfonso Santaella Castell, presidente del Inegi, no cometa está arbitrariedad”, concluyó Imelda «N».

Inegi pide material y uniforme 

Otro de los testimonios rescatados para Milenio, fue el de Samuel «N» de 30 años. También se desempeñó como Supervisor de Verificadores en el Censo de Población y Vivienda 2020.

Él inició sus labores el 19 de febrero y conforme al contrato, éste terminaba el 17 de abril. A diferencia de los anteriores testimonios, a Sergio Morales lo citaron después del 30 de marzo para que llevara su uniforme y el dispositivo con el que vaciaban información del censo.

“El 31 de marzo, mi responsable de Verificación (mi superior inmediato), pidió que los Supervisores y Verificadores nos presentáramos al día siguiente en la oficina de la Coordinadora de Verificación, uniformados y con el dispositivo móvil que se implementó para el censo, estuvimos todo el día sin recibir una instrucción precisa, únicamente nos pidieron estar al pendiente, regresando a casa con el uniforme y dispositivo”, comentó.

Después de no tener claridad, le pidieron que estuviera pendiente de lo que sucedería, pues se suspendería en censo. Desde ese momento, no obtuvo información precisa sobre su situación laboral. Sólo por medio de redes sociales, se enteró los planes que el Inegi tenía contra sus trabajadores.

“La única vía que tuvimos para saber los que estaba pasando fue por las redes sociales, y es así que nos hemos enterado que el Instituto pretendía terminar anticipadamente con nuestra relación de trabajo, debido a la emergencia sanitaria”, explicó.

Al igual que todos los testimonios, hoy recibió la cita para que firmara su renuncia. Situación que considera poco empática.

“En este momento en el que necesitamos de un ingreso, la autoridad del Inegi tiene que ser empática con esto, en su defecto dejaríamos de percibir un salario que hasta cierto punto teníamos la certeza de recibirlo, pues el contrato abarca hasta el 17 de abril, aunado a que desde que inicié labores se nos incentivó con la posibilidad de una renovación de contrato para el proyecto de Posenumeración”, concluyó.

La cita del Inegi a trabajadores 

Miguel “N” de 29 años, otro afectado por el Inegi, trabajaba como Supervisor de Verificación. De acuerdo con su testimonio, el día de hoy se están citando a todos los verificadores y supervisores de verificación para firmar su renuncia voluntaria.

“La fecha que están citando a los verificadores para firmar renuncia es hoy 3 de abril y se lleva a cabo desde las 4:30 horas de la tarde.

Se está ocupando a los Responsables de Verificación que vayamos a Balderas 71 a firmar una renuncia voluntaria afectando al artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores del Estado por causas sanitarias y entregar los dispositivos que se les fueron entregados.

Esto bajo amenazas de que si no se entregan podrían demandarlos penalmente”, compartió en entrevista con Milenio.

Miguel “N” se enteró de lo sucedido por llamada telefónica, pues asegura que el personal administrativo no está dando la cara para dar a conocer la información y está ocupando a “los Responsables de Verificación para que se lleve a cabo el despido”.

Su contrato inició el día 19 de febrero y conforme al contrato, terminaba el 17 de abril 2020.

Actualmente, en Miguel “N” recaen todos los gastos familiares, pues sus padres están desempleados.

“Pago renta y alimentos y con la situación de emergencia sanitaria se me será difícil tener un trabajo pronto”, explicó.

¿Inegi viola derechos laborales de sus trabajadores?

De acuerdo con el testimonio del Maestro en Derecho Laboral, Jesús Monterrubio Ruíz, quien tuvo acceso al contrato de los trabajadores afectados por el Inegi, sí existe una violación a sus derechos.

“Totalmente ilegal y en contra de lo que han establecido las autoridades laborales, de Salud e incluso el Ejecutivo Federal, quienes dieron la instrucción precisa de que no despidieran a los trabajadores sin el pago correspondiente de su salario.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa Maria Alcade Lujan fue contundente al decir que: “No hay fundamento legal para separar a los trabajadores o para dejar de pagar salarios… la obligación general es pagar el salario íntegro”.

Por supuesto esto incluye dar por anticipada la terminación de la relación de trabajo sin el pago correspondiente, incluso de un contrato por obra determinada, pero es justo lo que están haciendo en este momento de acuerdo al contrato laboral analizado».

Además explicó que “al tratarse de una terminación anticipada sin fundamento legal, corresponde al Inegi cubrir al trabajador el importe de los salarios correspondientes hasta el día en que tenga vigencia el contrato laboral por obra o tiempo determinado es decir hasta el 17 de abril de 2020”

«El Inegi, tenía tres opciones, una suspender la relación de trabajo hasta el momento en que se levantara la cuarentena o dos liquidar el contrato hasta el día 17 de abril de 2020, la tercera sería negociar el pago, pero lo que está sucediendo es una terminación anticipada sin pago correspondiente», explicó.

Desde su análisis profesional, reveló que el documento que quiere el Inegi que firmen los trabajadores para efectuar la supuesta renuncia voluntaria es “notoriamente ilegal”

“En efecto es un documento notoriamente ilegal y no recomendaría que se firmará a menos de que estuvieran de acuerdo en no recibir pago alguno”.

¿Qué leyes se violan?

El abogado Jesús Monterrubio Ruíz explica que el Inegi está violando la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado y supletoriamente la Ley Federal del Trabajo.

“Las relaciones laborales no pueden concluir de manera anticipada a menos de que ocurra una situación de contingencia sanitaria y se promueva ante el tribunal competente, en este momento ni hay contingencia ni tampoco el tribunal”, refirió.

Ante esta violación de derechos laborales, el especialista explica que se puede demandar al Instituto por no respetar un acuerdo laboral.

El documento que Inegi pide firmar

Milenio tuvo acceso al documento que el Inegi pide firmar a sus trabajadores como una «renuncia voluntaria». En un inicio, éste refiere como justificación, la situación existente en el país por el coronavirus.

“El día 31 de marzo del 2020 la Secretaria de salud publico el el DOF el acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCOV2, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y muerte por covid-19 en la población residente en el territorio nacional, cuyo Artículo primero, fracción VII tiene como efecto que se detenga de inmediato todos los censos y encuentras a realizarse en el territorio nacional que involucren la movilización de personas y la interacción física (cara a cara) entre las mismas”, dice e documento.

Y es de esta forma en la que Inegi pide a los trabajadores firmar su renuncia:

“En este orden de ideas, de conformidad articulo 46, fracción II de la Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado, que establece que el nombramiento de los trabajadores deja de surtir efectos, sin responsabilidad para los titulares de los órganos por causa consistente en la conclusión de la obra determinante de la designación, es que con fecha —- se da por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para este Instituto al haber sobrevenido dicha causal, en el entendido de que el mencionado hecho considerado como una cuestión fortuita excede el estado de cosas que existía al momento de firma de celebración de su nombramiento y que supera a la voluntad de las partes, no siendo resultado de la culpa o negligencia de éstas, todo lo anterior contemplado en el Artículo 2111 del Código Civil Federal”.

Finalmente, les pide que entreguen el material ocupado para sus labores durante el Censo:

“Se le solicita la entrega de todo el material que haya recibido para el desempeño de sus labores y que sea propiedad del Instituto y el levantamiento de su acta de entrega; así mismo se le hace el atento recordatorio de su obligación de realizar la declaración de la situación patrimonial por conclusión del encargo en el plazo que dispone el art 33, fracción III de la Ley General de responsabilidades Administrativas”.

Inegi responde a trabajadores 

El Inegi señaló que los verificadores que fueron separados de sus funciones serán considerados una vez que se levante la etapa de contingencia sanitaria para continuar los trabajos de campo.

Mediante un comunicado de prensa el Inegi explicó que la etapa de verificación de datos arrojados en el Censo 2020 fue postergada “en congruencia con las medidas anunciadas por las autoridades sanitarias” por lo que requirió al personal la entrega de todo el equipo que se les brindó para su desempeño, dejando sin efectos su nombramiento”.

 

Esta nota originalmente fue publicada en Milenio

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