La ex funcionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, está obligada a presentarse ante el pleno de la Cámara de Diputados el próximo 19 de marzo en caso de que la Sección Instructora determine que hay elementos para comprobar el presunto desvío de 7 mil millones de pesos de recursos públicos en la llamada “estafa maestra”.

Así lo establece el artículo 20 de la Ley Federal de Responsabilidades los Servidores Públicos, la ex funcionaria podrá abstenerse de hablar o en su caso podrá hacerlo por escrito pero su asistencia es irrevocable, confirmaron a MILENIO, autoridades del área jurídica de la Cámara de Diputados.

Este viernes se llevó a cabo el desahogo de pruebas testimoniales a las que asistieron cinco de 23 testigos citados a comparecer ante el órgano jurisdiccional, entre ellos, el ex titular de la Auditoría Superior de la Federación, Juan Manuel Portal y Muna Dora Buchain, ex directora General de Asuntos Forenses del órgano fiscalizador.

El próximo 12 de marzo la Sección Instructora cerrará el proceso de pruebas y a partir del 13 del mismo mes deberá comenzar con la redacción del dictamen, que puede ser en sentido positivo o negativo, tres días después lo deberá entregar a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En caso de que sea en sentido positivo, es decir, que se acredite que hay elementos para someter a juicio político a Robles, el próximo jueves 19 de marzo, en sesión solemne el pleno cameral se erigirá en órgano de acusación, en este caso Robles está obligada a asistir ante el pleno para escuchar el dictamen, queserá enviado al Senado en donde finalmente se analizará y determinará si procede o no el juicio político.

Será el Senado instalado en jurado de sentencia el que cerrará el proceso, ya sea que acredite que hay elementos para sentenciar a Robles o bien desechar el dictamen enviado por la Cámara de Diputados.

En caso de que el fallo sea positivo el Senado se erigirá en jurado de sentencia para que ante el pleno camaral se realice el juicio político a la ex funcionaria y se le impute la sanción de 20 años inhabilitada en sus derechos políticos. En caso de que esto ocurra, sería la segunda vez que Rosario salga del Centro de Reclusión Femenil de Santa Martha Acatitla en donde se lleva su proceso penal, para asistir al Senado.

“El día señalado, la Cámara de Diputados se erigirá en órgano de acusación, previa declaración de su Presidente. En seguida la Secretaría dará lectura a las constancias procedimentales o a una síntesis que contenga los puntos sustanciales de éstas, así como a las conclusiones de la Sección Instructora.

Acto continuo se concederá la palabra al denunciante y en seguida al servidor público o a su defensor, o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus derechos. El denunciante podrá replicar y, si lo hiciere, el imputado y su defensor podrán hacer uso de la palabra en último término”, señala la Ley Federal de Responsabilidades los Servidores Públicos.

 

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior

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