CIUDAD DE MÉXICO.

Mónica García Villegas, exdirectora del Colegio Rébsamen, a través de su defensa, rechazó la propuesta del Ministerio Público de someterse a un proceso abreviado en el que aceptaría su responsabilidad por la muerte de 26 personas (19 niños) y tampoco hubo acuerdo alguno para fijar el monto económico para la reparación del daño de las víctimas indirectas.

«Los asesores legales de las víctimas pedían muchos años (de prisión) y mucho dinero (para la reparación del daño). El planteamiento del someterse a un proceso abreviado se hizo por parte del Ministerio Público desde la primera audiencia de la etapa intermedia, pero hemos rechazado el ofrecimiento desde un primer momento, porque ello conllevaría aceptar que la maestra Mónica García Villegas acepta una responsabilidad de la que no fue culpable”, dijo Rosendo Gómez Hernández, abogado de Miss Moni.

Después de una audiencia que se prolongó por 18 horas, la juez Nelly Cortés Silva negó un procedimiento abreviado contra García Villegas, con el que podría reducirse una pena de cárcel hasta en un tercio.

Después de las 03:40 horas de ayer fue decretado el cierre de la etapa intermedia del proceso, donde después de un periodo de hasta 90 días naturales iniciará el juicio oral encabezado por un tribunal de enjuiciamiento, en el cual serán presentadas, en una serie de audiencias, 200 pruebas por parte del MP, la defensa de la imputada y la asesoría legal de los padres y familiares de las víctimas.

El defensor de la dueña y directora del Colegio Rébsamen agregó que la asesoría legal de los padres pedía una pena de 26 años y, aunque dijo que había un acuerdo entre las partes de no revelar la cantidad para cubrir la reparación del daño, puntualizó que los padres de familia no estaban conformes con los más de 450 mil pesos por deudo que proponían, los cuales se fijan como parámetro dentro de las leyes y ordenamientos establecidos.

«Ellos piden 26 años de pena, pero nosotros insistíamos en una propuesta menor, porque ella es acusada por homicidio culposo, lo cual implicaría una pena de dos a cinco años o más, que puede aumentar dependiendo del juez. La solución alternativa era un mal arreglo en un buen pleito, que no era lo mejor”, expresó Gómez Hernández.

También dijo que en la responsabilidad económica se deben incluir a los dos directores responsables de obra imputados por el fallecimiento de las 26 personas a través de la figura del “daño concurrente”.

«La responsabilidad se debe dividir entre la concurrencia del daño con base en la responsabilidad que tengan los DRO, la cual puede ser mayor, porque ellos autorizaron la construcción”, señaló el defensor de García Villegas.

Fuentes judiciales comentaron que un paquete de entre 80 y 100 pruebas ya ha sido aprobado, mientras que las restantes 100 podrían descartarse por ser reiterativas.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior

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