Juchitán.-

Ante la cerrazón por parte del presidente municipal de esta ciudad Emilio Montero Pérez para resolver el pago de servicios de dos personas, un ex policía y un constructor, continua por cuarto día consecutivo el cierre a la circulación la carretera transístmica en su tramo Tehuantepec-Juchitán. En tanto, la CANACO, truena contra este tipo de bloqueos y demanda aplicar el estado de derecho.

Encabezados por dirigentes y militantes de la Organización Fraternal Istmeña 21 de Marzo, que aglutina a campesinos, estudiantes, obreros y constructores, ampliaron este jueves su campo de acción y no solamente bloquean la carretera transistmica a la altura del lugar conocido como IMECA, sino que también bloquean las vías que conducen de Juchitán al Espinal y también hacia la población de Xadani, comunidad ubicada a unos diez minutos de la cabecera municipal.

El abogado de dicha organización Miguel Ángel Carrasco, emplazo al presidente municipal para que abra un canal de comunicación seria y definitoria: “nos trae a las vueltas y esas conferencias de prensa que hace únicamente provoca más el encono de nuestra gente”, afirmó.

Mientras tanto y en conferencia de medios, el munícipe juchiteco aclaro que siempre ha estado dispuesto al dialogo para dirimir este y otros casos que se presenten.

En su momento asevero que ya le fueron notificados a los inconformes para que presenten toda la documentación probatoria de los adeudos para que las instancias del gobierno municipal procedan a realizar los pagos correspondientes, si es que así cada caso amerita.

Se recordara que la organización Fraternal Istmeña 21 de Marzo inicio hace cuatro días este bloqueo para exigir al presidente municipal Emilio Montero la liquidación del ex policía Marco Antonio Gallegos Jiménez, así como la liquidación al constructor Carlos Cesar Salinas López, quien se dice que el Ayuntamiento le adeuda por una obra construida y terminada que no ha sido pagada.

Por otra parte la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en su fracción Juchitán mediante un comunicado hizo un enérgico exhorto a los tres niveles de gobierno para hacer prevalecer el estado de Derecho y de paso poner atención al gran número de bloqueos carreteros que han afectado considerablemente la economía de la región istmeña.

En el desplegado afirman que las garantías individuales de la mayoría de los juchitecos se han visto violadas con este tipo de actos realizados fuera del marco de la Ley al paralizar la economía y mantener secuestrada a la población.

Subrayan que estos viejos métodos de protesta afectan principalmente a ciudadanos de a pie, quienes tienen la necesidad de trasladarse para acudir a sus centros de trabajo, afectando por otra parte con el bolsillo de quienes en la mayoría de los casos desembolsan el doble de sus pasajes.

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