La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una ficha roja para que los 194 países que la integran localicen al empresario Juan Pablo González Cimadevilla, contra quien hay una orden de aprehensión por presuntamente confabularse con servidores públicos locales y federales para hacerle daño a su ex esposa y a la familia de ella.

Funcionarios del gobierno federal revelaron que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó el apoyo de Interpol para capturar al empresario considerado uno de los hombres más ricos del país.

Juan Pablo González promovió un amparo contra la orden de aprehensión librada en octubre pasado por el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Preventivo Sur.

González Cimadevilla pidió al juez Jesús Alberto Chávez Hernández, titular del juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, la protección de la justicia contra la orden de captura y que se cancele la alerta migratoria, pero su petición aún no es admitida a trámite.

Como parte de este caso, un juez federal vinculó a proceso al ex titular de la Unidad Antisecuestros de la Seido, Gualberto Ramírez Gutiérrez, por su presunta responsabilidad en los delitos de simulación de pruebas y falsificación de documentos, ilícitos que no ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que enfrenta su proceso en libertad.

Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez de control con sede en el Reclusorio Sur, rechazó vincular a proceso al ex fiscal por siete delitos más que le imputó la FGR.

El mismo juzgador resolvió no vincular a Javier Coello Zuarth, abogado del ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, porque consideró que tampoco hay elementos ni indicios para procesarlo.

Por este caso, hay cuatro elementos de la FGR adscritos a Interpol-México vinculados a proceso por diversos delitos, entre ellos, tortura.

En octubre pasado, ante el juez Delgadillo Padierna, el asesor jurídico de las víctimas, el abogado Marco Antonio del Toro, defensor de la maestra Elba Esther Gordillo, narró que todo inició a raíz de un conflicto marital y mal divorcio, donde González Cimadevilla denunció a su ex esposa de haberle robado unas botellas de vino de origen griego y chino, además de que responsabilizó a sus ex cuñados.

Comentó que el empresario logró llevar a la cárcel a la mujer con una orden del fuero común; después envió a sus abogados para obligarla a renunciar a la patria potestad de sus dos menores hijos y a cualquier derecho de patrimonio, a cambio de su libertad. Además, imputó falsamente a sus ex suegros de cometer delitos sexuales.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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