La Junta de Coordinación Política frenó la discusión y eventual aprobación en este periodo de la regulación del outsourcing aprobada esta mañana en comisiones, con la que se busca acabar con la evasión fiscal y en la que se proponen medidas para evitar la simulación en la subcontratación, como garantizar todos los derechos laborales de seguridad social, utilidades, antigüedad, derecho a la libre sindicación, entre otros.

La reforma aprobada por mayoría de Morena en las comisiones del Trabajo y Estudios Legislativos obliga a las empresas contratistas a pagar de manera retroactiva las contribuciones evadidas al fisco, así como las utilidades que no recibieron durante años los trabajadores subcontratados de manera ilegal en el plazo de medio año a partir de la aprobación del decreto, de lo contrario se les sancionará penalmente.

La reforma al artículo 123 también genera responsabilidades para las empresas contratantes que las hace solidarias si las contratistas no cumplen con la ley y crea un registro nacional de empresas dedicadas al outsourcing para vigilar que cumplan con la normatividad.

Durante la reunión de comisiones encabezada por los morenistas Napoleón Gómez Urrutia y Ana Lilia Rivera, y a la que no acudió la oposición, el también líder del sindicato minero sostuvo que los argumentos de los empresarios en contra de esa reforma no tienen sustento, pues no perjudica la ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá.

“Por el contario, permite restaurar los derechos de los trabajadores en materia pago de utilidades y de pensión, ya que los deberán registrar ante el IMSS y el Infonavit, con los salarios reales que perciben”.

En su turno el ex director del IMSS, Germán Martínez, acusó que a su paso por la institución confirmó que “muchos empresarios han hecho grandes fortunas a costa de los salarios no entregados a sus trabajadores” y calificó de criminal la subcontratación, que ha generado corrupción durante años pues ha llevado a la subestimación de cuotas “lo que es una sangría millonaria en perjuicio del Instituto”.

En la fundamentación de la reforma, Gómez Urrutia dijo que durante años proliferaron y crecieron grupos que invadieron el país con este esquema ilegal de subcontratación, con la complacencia y complicidad de pasadas administraciones que causaron daño al patrimonio del IMSS.

Señaló que se generó una relación artificial que afectó derechos de los trabajadores y al Fisco Federal con la expedición de facturas falsas.

“Así, los grupos de outsourcing ilegal, en muchas ocasiones se identifican también con el fenómeno delincuencial de los ‘factureros’, fenómeno que recientemente fue legislado por el Congreso de la Unión, para buscar su erradicación”.

En ese sentido, la reforma plantea sanciones de hasta 422 mil pesos a quienes evadan el fisco o usen facturas falsas, además de las sanciones contempladas para los ‘factureros’ en la ley de delincuencia organizada.

Horas después, la Jucopo que encabeza Ricardo Monreal suscribió un acuerdo avalado por los coordinadores para pedir a la Mesa Directiva que no dé trámite al dictamen avalado, sino que se mande a una nueva consulta en parlamento abierto.

En el oficio remitido por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, a la presidenta Mónica Fernández, se pide que “por el momento el análisis y discusión del tema ante el pleno de esta Cámara de Senadores sea pospuesto”.

“Lo anterior en virtud de que consideramos de la mayor relevancia la iniciativa, toda vez que tiene como sustento de referencia modificar el marco legal con el objeto de regular de manera más eficaz el régimen de la subcontratación y con ello mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras, por lo que al requerir mayor reflexión, discusión y participación de todos los sectores involucrados antes de ser tratada ante esta soberanía, se desarrollará su análisis bajo el formato de Parlamento Abierto, como lo hemos hecho anteriormente con temas de esta importancia”.

Con información de Silvia Arellano

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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