El movimiento indígena y el gobierno de Ecuador abren este domingo eldiálogo para solucionar la violenta crisis que estalló hace 12 días a causa de los ajustes económicos acordados con el FMI.

Las dos partes, con la ayuda de la ONU y la Iglesia católica, sostendrán un primer encuentro a partir de las 15H00 (20H00 GMT).

La cita está prevista en Quito, donde la víspera las protestas contra las medidas degeneraron en una ola de caos, con el edificio de la Contraloría en llamas y dos medios asaltados por manifestantes.

El presidente Lenín Moreno impuso el toque de queda indefinido en la ciudad y ordenó su militarización.

Venidos de varios puntos del país, los indígenas, que se deslindaron de las acciones violentas, se replegaron ante la prohibición de circular por la ciudad desde las 15H00 locales (20H00 GMT) del sábado.

Pero, según su dirigencia, se mantendrán en la ciudad hasta alcanzar un acuerdo sobre la eliminación de subsidios que incrementó hasta un 123% los precios del diésel y la gasolina.

«Nos mantenemos en Quito, no solo los dirigentes sino también las bases, y nos mantendremos hasta que haya una solución», expresó Salvador Quishpe, quien integra la comisión política de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie).

La organización espera salir con un acuerdo que revoque o dé paso a la revisión del decreto sobre el fin de los subsidios.

«Esperamos un punto de equilibrio, y eso podría ser que no suba como subió (el combustible), sino en un porcentaje menor», añadió Quishpe.

Moreno, que ofreció a los indígenas un diálogo directo, está en Guayaquil, adonde trasladó la sede presidencial tras decretar el estado de excepción nacional el 3 de octubre y movilizar a las Fuerzas Armadas.

UN ENTORNO EN CALMA

El presidente agradeció la decisión de los pueblos originarios de sentarse finalmente a dialogar después de haber rechazado su primera invitación también a instancias de la ONU y la Iglesia católica.

El diálogo sucede a las protestas más violentas que se recuerden en Ecuador en mucho tiempo.

«Es un día triste para el Ecuador, para Quito, para la historia de nuestro país», lamentó el sábado el mandatario en un mensaje a la nación.

Este domingo podían verse grandes destrozos en puntos de la ciudad. Sobre una vía aún estaba el esqueleto de un vehículo policial devorado por las llamas.

La fuerza pública estaba apostada en sitios estratégicos y, pese al toque de queda vigente, había personas en las calles.

Según el servicio de información municipal, había al menos 40 puntos de cierre de avenidas a primeras horas de la mañana en la ciudad, aunque las calles del casco histórico, que ha sido epicentro de las protestas desde el pasado 3 de octubre, hoy colgaron el cartel de «habilitadas».

El papa Francisco dijo que sigue con preocupación la situación en Ecuador y alentó a buscar la paz social, antes del rezo del Ángelus.

Desde que estallaron las manifestaciones se han registrado siete muertos, mil 340 heridos y mil 152 detenidos, según el balance más reciente de la Defensoría del Pueblo.

La protesta que estalló el 2 de octubre también mantiene interrumpido el transporte de petróleo -la mayor fuente de divisas- por el principal ducto del país, debido a la ocupación de pozos en la Amazonía.

‘FUERZAS OSCURAS’

Amparado en la figura de excepción, que en principio permite restringir algunos derechos por 30 días, el gobierno ya había dispuesto el toque de queda nocturno alrededor de los edificios públicos capitalinos.

Pero ahora amplió y endureció la medida.

El sábado Moreno acusó a su antecesor Rafael Correa y al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de estar tras la violencia.

«Fuerzas oscuras, vinculadas a la delincuencia política organizada y dirigida por Correa y Maduro -en complicidad con el narcoterrorismo, con pandillas, con ciudadanos extranjeros violentos- causaron zozobra, violencia nunca antes vista», expresó.

Ambos líderes han rechazado entre burlas los insistentes señalamientos de Moreno.

En el poder desde 2017, el mandatario enfrenta su mayor crisis por las reformas que convino con el FMI para aliviar el pesado déficit fiscal que achaca al derroche, endeudamiento y corrupción del gobierno de Correa.

Además del fin de subsidios, las medidas prevén recortar derechos a empleados públicos.

Los indígenas, que representan el 25% de los 17.3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y principalmente trabajan en el campo.

Con la liberación de los precios de los combustibles, deben pagar más para transportar sus productos al tiempo que temen una inflación generalizada.

 

Esta nota originalmente se publicó en Excelsior

Compartir

Dejar respuesta