CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En los hangares de la base aérea número 1 de Santa Lucía, Estado de México, aguarda la maquinaria para la construcción del Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles.

Pero no sólo una ola de amparos está frenando el inicio de las obras; también la falta de los estudios técnicos requeridos por el reglamento de la Ley de Aeropuertos.

El lunes 7 el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que está todo listo para que las obras comiencen al día siguiente de que se declaren improcedentes los amparos contra el aeropuerto. Y el martes 8 reiteró que la meta es concluir la primera etapa en 2021.

“Estamos listos, tenemos todo el proyecto, la maquinaria. Sólo espero que no procedan los amparos para dar el banderazo de salida. Literal, nos vamos para allá para dar el banderazo de salida”, dijo ese día en su habitual conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Sin embargo el plan maestro, el proyecto ejecutivo, los estudios de geotecnia y mecánica de suelos, la reubicación de las instalaciones militares y la adquisición de predios, siguen en proceso. De hecho, las solicitudes de amparo contra Santa Lucía y las resoluciones de suspensión de los jueces se fundamentan en la falta de los estudios y permisos necesarios que establece el reglamento de la Ley de Aeropuertos, al que debe sujetarse la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según al artículo 4.

A finales de julio Proceso solicitó, vía la ley de transparencia, el plan maestro a la Sedena, que por conducto del general Jorge Ramírez Zúñiga, titular de la Unidad de Transparencia, respondió que dicho plan “se encuentra en desarrollo, mismo que una vez que sea integrado, se pondrá a disposición de la ciudadanía conforme a la normatividad aplicable en la materia”. En ese momento la dependencia todavía no clasificaba como “información reservada” los documentos técnicos del proyecto.

(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2241, ya en circulación)

 

Esta nota originalmente se publicó en Proceso

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