El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, afirmó que este gobierno va por las “cabezas” de la evasión tributaria, cuyo “saqueo” asciende a 2.5 por ciento del producto interno bruto (PIB), es decir, “casi tres veces el Aeropuerto de Ciudad de México”, 10 años de operaciones de la Guardia Nacional y 50 años de servicio de la Secretaría de Economía.

En entrevista con MILENIO dijo que se trata de delincuentes organizados que ahora hasta pagan mensajes contra la reforma fiscal para seguir operando a través de empresas factureras, por las que el erario deja de percibir 750 mil millones de pesos, de acuerdo con datos de la Unidad de Política Fiscal de Hacienda.

Luego de participar en la conferencia “Verdades y mentiras de la reforma fiscal”, organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), el procurador sostuvo que la reforma fiscal que entrará en vigor el 1 de enero de 2020 resulta indispensable, porque en este momento “las herramientas que tenemos para combatir la evasión son limitadas”.

Aseguró que la nueva norma permitirá realizar investigaciones con el uso de inteligencia, así como de infiltrados, mediante “escuchas” (intervenciones telefónicas con orden judicial) y la aplicación de criterios de oportunidades “para poder realmente desactivar estas redes criminales”.

Reconoció que se ha emprendido una campaña contra la reforma, porque “estamos tocando muchas fibras sensibles… sí hay grupos que se están viendo afectados y por eso hay resistencias”.

Agregó: “Con las investigaciones que tenemos actualmente es muy complicado llegar a las cabezas que nos llevan a tener empresas de papel, millones de impuestos, pero no encontramos entre los propios papeles que tenemos quién se llevó el dinero o quién lo sacó en efectivo”.

El funcionario señaló que los delincuentes organizados que se dedican a evadir y defraudar al fisco lograron infiltrar a las instituciones, por lo que el gobierno implementará una estrategia para contraatacarlos.

Sobre si es posible acabar con este saqueo fiscal, comentó: “Ojalá podamos, pero cuando menos hemos calculado que se va a minimizar su uso, por supuesto; cantidades no las puedo dar, pero al final de cuentas vamos por ellos… que todo mundo sepa, aquí sólo vamos por las cabezas de los grupos de factureros que son los que realmente son delincuentes organizados”.

Durante su ponencia en el Inacipe, Romero Aranda llamó a “cambiar la cultura tributaria”, ya que la gente “se acostumbró a no pagar, a que no había consecuencias, se soltaron las riendas del control de la autoridad fiscal”.

Aclaro el nivel del daño: “Analizamos cuál es el problema que nos aqueja y fueron las empresas factureras. El monto evadido por esquemas de facturación ilegal es 2.5 por ciento del PIB, es decir, 750 mil millones de pesos: casi tres veces el Aeropuerto de Ciudad de México, 10 años de la Guardia Nacional o cerca de 50 años de la Secretaría de Economía. Son cantidades absolutamente inmensas que se dejan de percibir por estas empresas factureras”.

Resaltó que en 2016, con la entrada del nuevo sistema de justicia penal, los delitos fiscales no ameritaban prisión preventiva oficiosa y fue cuando se disparó la actividad de los factureros, de todos aquellos delincuentes que se organizaron para vender facturas o crear empresas con el objeto de defraudar al fisco federal.

Indico que las factureras están “constituidas por personas de escasos recursos, resulta que es una covacha lo que tienen como domicilio fiscal, pero tiene una facturación inmensa con ingresos y salidas millonarias”.

Por ello, refirió, con la reforma se buscó equiparar a los factureros con delincuentes organizados a fin “de que podamos tener infiltrados que puedan meterse en la agrupación criminal para saber cómo mueven el dinero, quiénes son los clientes, quiénes participan”.

“Queremos tener escuchas, que mediante una orden de un juez podamos escuchar a los integrantes de la organización criminal para saber cómo operan; ya sabemos que manejan casas de seguridad donde guardan el efectivo, que lo tienen en bóvedas, bueno, entonces ir por el dinero y traerlo al fisco federal”, expuso.

A los detractores de la reforma, le procurador les dijo que ésta “no es impositiva ni arbitraria ni unilateral… tampoco vamos a criminalizar a la pobreza, vamos por las cabezas”.

“DOLO”, AÚN EN ANÁLISIS

El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, comentó que aún no se define si es necesario usar la palabra “dolo” en la reforma fiscal penal contra las empresas factureras, como lo ha demandado el sector privado.

“Lo que quisiera el sector empresarial es que refináramos un poquito; claramente alguien que está presentando facturas de empresas falsas, que está presentando gastos que no hizo, claramente hay un dolo. Entonces en esas estamos, nada más viendo si es necesario o no, pero yo diría que en el fondo estamos completamente de acuerdo”, aseguró en la Reunión Anual de Industriales 2019.

El dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley federal contra la delincuencia organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal, establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las llamadas empresas fantasma y las facturas falsas, considerando que sea un delito similar al contrabando y su equiparable.

Y ADEMÁS

OPOSICIÓN DE EMPRESAS DE OUTSOURCING

El representante de las industrias del outsourcing, Armando Piedra, advirtió que la aprobación de la reforma fiscal desalentará la inversión y el empleo, y resaltó entre los riesgos la cancelación de sellos digitales por errores no atribuibles a las empresas. Ante las comisiones de Hacienda y de Justicia de la Cámara de Diputados, pidió que los cambios no abarquen los artículos 108 y 109, referentes al delito de defraudación fiscal, y que no se analice al vapor el caso de las factureras. El representante de la asociación TallentiaMX dijo que si los legisladores aprueban la miscelánea fiscal como está, a los empresarios les pueden cancelar los sellos digitales e incluso terminar en la cárcel en caso de que en una visita de verificación les pidan, por ejemplo, materiales de construcción que se realizan en otra ubicación de la empresa.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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