Más de 300 personas y 90 organizaciones de base y no gubernamentales, redes y movimientos sociales de todos los estados del país exigieron al Gobierno de la República, a diputados y senadores atender la “grave crisis ambiental que enfrenta México», por lo que resulta imperativo pasar del discurso a la acción, señalaron.

En un comunicado, las 90 organizaciones y 319 personas pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, a senadores y diputados, a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), voluntad política, responsabilidad social y ambiental para “actuar con un verdadero compromiso con el pueblo de México y la madre tierra, privilegiando la vida sobre otros intereses económicos y políticos”.

«Consideramos fundamental impulsar una política pública ambiental ética, responsable, honesta y sobre todo congruente con las garantías establecidas en nuestra constitución, que cumpla con los diversos protocolos, tratados, leyes y compromisos internacionales”, señalaron.

Así como garantizar la aplicación de instrumentos legales de avanzada a favor del derecho humano a un ambiente sano, la igualdad de género y los derechos colectivos en concordancia con una visión integral y sustentable.

Para lograrlo, destacaron, es necesario que las decisiones gubernamentales tengan una base científica, que sean planeadas y consensadas de manera vinculante con los diferentes sectores de la sociedad, incluyendo a mujeres y jóvenes, academia, comunidades, pueblos originarios, cuyos territorios resguardan históricamente la biodiversidad de nuestro país.

«Los discursos de un gobierno que se dice democrático son contradictorios, por un lado expresan estar a favor de un desarrollo sustentable y del cuidado del medio ambiente, pero por el otro, impulsan proyectos que deterioran los recursos, ponen en riesgo la biodiversidad, empeoran la calidad ambiental, exacerban la crisis climática y las desigualdades y se contraponen a los compromisos signados por México a nivel internacional en materia climática”, aseguraron.

Prueba de ello, dijeron, es el proyecto de presupuesto para 2020 que propone un recorte del 7.7% a la Semarnat, que sumando a los recortes de los años anteriores representa alrededor del 50%.

«Esto afecta de manera directa el cumplimiento de objetivos y metas de conservación y protección ambiental, como es el caso de la respuesta ante incendios forestales y la atención a las Áreas Naturales Protegidas”, subrayaron.

Destacaron que durante este año se han afectado por incendios más de 186 mil hectáreas de vegetación arbustiva y arbórea por no contar con los insumos necesarios para hacerles frente.

Por lo anterior, y de conformidad con los artículos 8°, 25°, 26° y 27° constitucionales, exhortaron al Poder Ejecutivo y al Legislativo a:

  • Hacer un ejercicio responsable de programación y asignación de presupuesto público dirigido al sector ambiental que garantice el respeto inalienable a nuestros derechos humanos ambientales y la sustentabilidad de las presentes y futuras generaciones, para lo cual no debe recortarse el presupuesto al sector ambiental, por el contrario, incrementarse al menos en un 10%.
  • Establecer criterios e indicadores relevantes en los planes, programas y proyectos de desarrollo de este gobierno, de tal forma que sea posible la evaluación de sus resultados e impacto y dar certidumbre al pueblo de México sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
  • Ratificar el Acuerdo de Escazú y promover una participación ciudadana efectiva y vinculante en la planeación y decisiones ambientales, mediante instrumentos y mecanismos democráticos que faculten a la ciudadanía a exigir su cumplimiento.

 

Esta nota originalmente se publicó en Excelsior

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