Cacho denunció que Marín, prófugo de la justicia, se esconde en Coyotepec, Puebla. Sostuvo que fuentes de la FGR le advirtieron que no lo pueden detener “pues tiene mucha protección local”.

La periodista Lydia Cacho denunció que el exgobernador de Puebla, Mario Marín, lleva tres meses escondido en el municipio poblano de Coyotepec, y que, a pesar de contar con una orden de aprehensión en su contra, no lo pueden arrestar, ya que cuenta con protección política y policiaca.

A través de su cuenta de Twitter, Cacho expuso que la información sobre el paradero del exmandatario poblano le fue proporcionada por la fiscal especial de la Fiscalía General de la República (FGR).

El pasado fin de semana el periódico Central de Puebla publicó que Marín asistió a una fiesta en Atlixco, ofrecida por el empresario Rafael Forcelledo Caram, “quien lo agasajó con carnes asadas y música de banda”.

Testigos que asistieron a la fiesta declararon que la celebración se realizó el pasado 28 de julio en el rancho “El Pastor”, localizado en la comunidad de Solares de Tenextepec, a pesar de que es buscado por la FGR desde el 11 de abril.

La orden de aprehensión, girada en el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, incluyen a Mario Marín; al empresario Kamel Nacif; al ex director de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam y al ex comandante, Juan Sánchez Moreno por el delito de secuestro en contra de Lydia Cacho.

La periodista dijo tener conocimiento de que Marín se encontraba en México, durante una entrevista para Aristegui en Vivo, concedida tras ser víctima del robo de documentos de investigaciones periodísticas en curso, así como de equipo de trabajo.

Esto, aunado a que este año jueces trasladaron a Succar Kuri de un penal de alta seguridad a una cárcel de Cancún, cerca de su domicilio.

“Yo tengo amenazas de muerte, explícitas, frente a los jueces, de Kamel Nacif, de Succar Kuri y de los policías sentenciados, esto lo saben todas las autoridades”, declaró Cacho durante la entrevista.

Aunque las autoridades tenían conocimiento de su situación de riesgo, decidieron retirarle la vigilancia policial un día antes del robo de sus documentos.

 

Esta nota originalmente se publicó en Aristegui Noticias

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