Un fiscal mexicano, obligado a desbloquear a un periodista en Twitter

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La Suprema Corte sienta un precedente inédito sobre el derecho a la información y la libertad de expresión en el país

Todo comenzó cuando el periodista Miguel León etiquetó a Jorge Winckler, el fiscal de Veracruz, en uno de sus tuits. León se ha dedicado a retratar la violencia que azota a ese Estado mexicano: las fosas clandestinas, los secuestros y los asesinatos. Winckler lo bloqueó en octubre de 2017. Un año y medio después, pleito legal de por medio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado la razón al periodista y ha obligado al alto cargo a desbloquearlo, de acuerdo con una resolución difundida este miércoles. La decisión, inédita para el alto tribunal, sienta un precedente sobre el derecho al acceso a la información en Internet y sobre las relaciones entre los usuarios y los altos cargos públicos en redes sociales. «Por primera vez en una resolución de la Corte se reconoce que la protección de estos derechos también es aplicable en el ámbito digital», afirma Luis Knapp, de la organización Artículo 19.

El conflicto legal se originó cuando León se amparó al considerar que la decisión del funcionario violaba su derecho a tener acceso a comunicados, boletines y tuits necesarios para realizar su trabajo y, por lo tanto, que también vulneraba su libertad de expresión. «Mis notas eran bastante duras, pero el fiscal se tomó esas críticas de forma personal», asegura el comunicador de 26 años. Ese estilo incisivo ha marcado su carrera en medios como e-Consulta y La Silla Rota. León ganó el Premio Nacional de Periodismo al publicar «El campo de exterminio que el Gobierno de Veracruz ocultó«, una crónica sobre una fosa clandestina en Tihuatlán, al norte del Estado.

«Fiscal general del Estado de Veracruz, papá, esposo y buscador constante de la justicia». Esa es la descripción de la cuenta de Winckler en Twitter. El fiscal, en el cargo desde 2016, argumentó que se trataba de su cuenta personal y que la decisión de hacerla visible solo a algunos usuarios era parte de su derecho a la privacidad. Desde su perspectiva, si el periodista quería esa información, había otros canales públicos a los que podía tener acceso. Un juez federal falló a favor del periodista en mayo del año pasado, pero la defensa de Winckler recurrió la sentencia. Un juez de distrito recibió la apelación y pidió a la Suprema Corte que atrajera el caso. El tribunal empezó a revisarlo en octubre del año pasado.

En el canal de Winckler hay fotos de viaje, con amigos y familiares, pero también una mayoría de tuits ligados a sus actividades de trabajo. «El propio funcionario fue quien libremente decidió extraer su cuenta de la esfera privada para trasladarla al ámbito público, con todos los contenidos que preexistían en ella», se lee en el proyecto de sentencia de Eduardo Medina Mora. El ministro señala que como periodista, León tiene «garantías reforzadas» para investigar y buscar información, pero que por el solo hecho de ser ciudadano debe tener acceso por ley a esa información.

La Suprema Corte ha ordenado a Winckler a dar acceso permanente a su cuenta de Twitter, incluso después de que dejé su cargo, porque sigue siendo una persona pública. Si el fiscal no acata esa instrucción, el Tribunal podrá requerir directamente a los representantes de la red social en México para que levante el bloqueo o tomar otras medidas que considere necesarias.

El tribunal matiza que las autoridades solo podrán restringir el acceso si justifican «legítimamente» un comportamiento abusivo de otros usuarios. «Debe dejarse claro que los comentarios o expresiones, críticas severas, provocativas o chocantes que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadoras, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa de ninguna manera deben ser considerados comportamientos abusivos», aclara la sentencia, aprobada por los cuatro ministros de la segunda sala. «Sienta un precedente importante contra servidores públicos que han bloqueado periodistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos en general», comenta Knapp, parte del equipo legal del periodista. «Reconozco el trabajo de Miguel León», ha escrito Winckler en Twitter. «Como hombre respetuoso de las leyes e instituciones, daré inmediato cumplimiento a la sentencia», ha añadido.

«Solo quería hacer mi trabajo y sentar un precedente para que esto dejara de pasar», comenta León. Este no es el único caso. La periodista Naldy Rodríguez también fue bloqueada por Winckler y un juez le otorgó un amparo en septiembre del año pasado. En el norteño Estado de Sonora, un abogado se amparó en 2017 contra el alcalde de Nogales bajo argumentos similares y un juez le dio la razón. En mayo de 2018, el columnista John Ackerman demandó a Ciro Murayama y Lorenzo Córdova, consejeros del Instituto Nacional Electoral, pero fue desbloqueado y el conflicto legal se desactivó. Ese mismo mes, un juez federal de Estados Unidos declaró inconstitucional que Donald Trump bloqueara a usuarios críticos al considerar su cuenta personal de Twitter —donde ha volcado más de 41.000 tuits frente a los 5.400 del perfil oficial de la presidencia— un foro público.

 

Esta nota originalmente se publicó en El País

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