La ministra Norma Piña declara que esta facultad en materia ambiental no es exclusiva de la Federación

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la facultad de los estados de la república para legislar e implementar impuestos ecológicos y avaló la constitucionalidad de los aranceles ecológicos previstos en las leyes hacendarias de Zacatecas.

En su sesión de ayer, por mayoría de nueve votos, el pleno del máximo tribunal del país avaló el proyecto de la ministra Norma Piña Hernández y declaró que esta facultad en materia ambiental no es exclusiva de la Federación.

De esta forma se declaró la constitucionalidad de los artículos de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, donde se prevén impuestos por concepto de remediación ambiental por extracción de minerales; emisión de gases a la atmósfera; emisión de contaminantes al suelo, subsuelo y agua, y por depósito o almacenamiento de residuos.

“No sólo hay que ver este tipo de instrumentos económicos como sanciones, como multas, tienen un carácter promocional también, tienen como finalidad incentivar a que se compren aquellas tecnologías o mecanismos que puedan limitar la contaminación del aire, además de que, aquel que contamina va a pagar, pero no sólo eso, es incentivar a que tengan menos emisión de contaminantes”, explicó Piña Hernández.

La mayoría de los ministros de la SCJN consideró que la Ley Federal de Equilibrio Ecológico sólo reserva para las autoridades federales la expedición de los permisos de operación, pero no así los gravámenes a los que pueden estar sujetas.

“Hay actividades que pueden dar lugar a sanciones de tipo ambiental, pero otra cuestión que me parece válida como hecho imponible de las entidades federativas, es establecer ciertas contribuciones a quienes generan estas actividades contaminantes, contribuciones que válidamente podrían utilizarse para tratar de disminuir los efectos de la contaminación”, señaló el ministro presidente, Arturo Zaldívar.

El único voto en contra fue el del ministro Luis María Aguilar quien señaló que el Congreso del estado de Zacatecas no tiene facultades para legislar en esta materia, porque no se trata de una materia impositiva fiscal, sino de imponer sanciones a determinadas conductas que afectan la ecología.

La discusión se derivó de una controversia constitucional interpuesta por el entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en contra del gobierno de Zacatecas que impuso nuevas cargas tributarias a empresas por el impacto ambiental generado en el estado.

El miércoles la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá un par de amparos que impugnaron los impuestos ecológicos en Zacatecas, los ministros deberán resolver dando la razón a la entidad federativa ante el criterio sostenido por el pleno que avaló dichos aranceles.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior
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