Un estudio indica que el fenómeno es 10 veces mayor de lo que consideran las autoridades. El país otorga la ciudadanía por nacimiento, sin importar el estatus migratorio de los padres

Canadá, junto con una treintena de países (como Estados Unidos y México), otorga la ciudadanía de manera automática a todo aquel que nazca en su territorio, bajo el principio del ius soli. “Este derecho se aplica a todo individuo nacido en el país, sin importar el estatus de sus padres en el territorio, salvo para los hijos de los diplomáticos acreditados”, recoge la ley sobre la ciudadanía. Sin embargo, diversas voces piden que se lleve a cabo una reforma para endurecer los criterios, tal y como ya ha ocurrido en Australia, Reino Unido o la República Dominicana.

La razón es el aumento en los casos de turismo de partos o bebés pasaporte, como se conoce a la práctica que consiste en que una pareja o una mujer, que no tienen residencia permanente o sin ser canadienses, entran al país con la finalidad de que el bebé obtenga de forma automática la nacionalidad al nacer. Los contrarios a esta práctica consideran esta acción como un abuso ante la buena fe de Canadá y señalan que con ello se ralentizan los servicios en los hospitales.

La prensa de Ontario y Quebec ha publicado desde hace varios años casos de personas que han llegado a dichas provincias con esta finalidad. Sin embargo, el epicentro de esta práctica está situado en la Columbia Británica, especialmente en Richmond, una ciudad de la zona metropolitana de Vancouver. La mitad de sus residentes son de ascendencia china y, de acuerdo con datos publicados por las autoridades de salud de Vancouver, el hospital de Richmond registró 474 nacimientos en 2017 por parte de madres sin residencia permanente, un 22,1% de los partos totales. En 2015, era del 15,1%.

Una investigación del diario Vancouver Sun, publicada en 2016, mostró que más de 20 casas en Richmond eran en realidad albergues para recibir a mujeres procedentes de China que deseaban dar a luz en Canadá, por medio de agencias que operan en el país asiático y en el norteamericano. Kerry Starchuk, una canadiense residente en Richmond, constató esta situación en varios domicilios cercanos a su hogar. “Es una forma de explotar el sistema. Estas personas están ocupando espacios de quienes desean hacer las cosas de forma correcta”, comenta.

Starchuk presentó el 19 de marzo de 2018 una petición ante el Parlamento de Canadá para solicitar cambios en la ley. El documento, que obtuvo unas 10.800 firmas, contó también con el apoyo del diputado liberal Joe Peschisolo. El 2 de noviembre, el Ministerio de inmigración, refugiados y ciudadanía respondió a la petición, señalando que Canadá no puede negar la entrada a una mujer por el simple hecho de estar embarazada, aunque ella debe en todo momento precisar el motivo de su visita al país.

Canadá cuenta con un sistema gratuito en servicios de salud, aunque únicamente para ciudadanos y residentes permanentes. En el caso del turismo de partos, las personas extranjeras deben cubrir los gastos médicos. Esta ha sido una justificación evocada para descartar que se trate de un peso  para las arcas públicas. No obstante, las voces críticas señalan que algunos individuos abandonan el país sin pagar o, en caso de que sí paguen, favorecen de cualquier modo una saturación entre el personal médico y de enfermería. Además, afirman que los niños nacidos en Canadá por medio de esta práctica obtendrán beneficios en matrículas académicas y en otras esferas más adelante.

El pasado mes de noviembre, Andrew Griffith, miembro del Instituto de Investigaciones sobre Políticas Públicas, presentó un estudio que utilizó los datos del Instituto Canadiense de Información sobre la Salud. Griffith constató que en 2016, más de 3.200 bebés nacidos en el país eran de madres sin residencia permanente. Estadísticas Canadá —la agencia federal encargada de recopilar datos oficiales— había indicado que fueron 313. “El número es 10 veces más alto del que se había tenido en cuenta. Además, es una tendencia que va en aumento”, escribió Griffith.

El estudio menciona que los nacimientos de este tipo representan el 1% en el país y no el 0,01% presentado por Estadísticas Canadá. En respuesta, el Ministerio de inmigración, refugiados y ciudadanía expresó que, a pesar de no ser una práctica de dimensiones importantes, va a solicitar una investigación -a cargo del Instituto Canadiense de Información sobre la Salud- para tener una visión precisa sobre este fenómeno y sus impactos.

El Gobierno liberal de Justin Trudeau se ha pronunciado en favor del statu quo, aunque solicita análisis más detallados antes de contemplar cualquier modificación. En cambio, los miembros del Partido Conservador apoyaron en agosto —en el marco de su convención anual— una moción para que la ciudadanía por nacimiento no se conceda de forma automática. Los conservadores consideran que al menos uno de los padres debe ser ciudadano canadiense o residente permanente.

Los cambios para evitar el turismo de partos están lejos de provocar unanimidad en Canadá. Ejemplo de ello es la reacción de algunos abogados expertos en inmigración respecto a la moción de los conservadores, ya que creen que una modificación a la ley actual puede afectar a las mujeres que ya se encuentran en suelo canadiense y que esperan el veredicto sobre su solicitud de refugio. Sobre este último punto, Kerry Starchuk responde: “Mi preocupación es la industria del turismo de partos, de todo ese mundo que no se ve fácilmente”.

 

Esta nota originalmente se publicó en El País

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