El gobierno de México solicitó a los países que integran el Grupo de Lima no intervenir en los procesos internos de Venezuela ni aislar a esa nación, además de que se abstendrá de emitir cualquier tipo de pronunciamiento respecto de la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro.

En un encuentro sostenido ayer en la sede de la cancillería peruana entre representantes de los 14 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que forman parte de este mecanismo, el subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes, en representación del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, declaró: “Hacemos un llamado a la reflexión dentro del Grupo de Lima sobre las consecuencias que tendrían para los venezolanos aquellas medidas que busquen tener injerencia en asuntos internos que entorpezcan el diálogo entre los actores involucrados y la comunidad internacional”.

Indicó que para la administración mexicana, la vía más efectiva para alcanzar los objetivos por los que se creó el grupo es mediante iniciativas de mediación y de diálogo, no de aislamiento. Expresó a los países implicados que tienen el deber de escuchar a todos los sectores de la sociedad venezolana.

En la cancillería peruana, los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía firmaron una declaración mediante la que ratifican el apoyo a la Asamblea Nacional “elegida legítimamente”.

Asimismo, urgen a la comunidad internacional a desconocer la legitimidad del nuevo gobierno de Nicolás Maduro, que se iniciará el 10 de enero, y abstenerse de proveer ayuda financiera y militar. Exhortan al fiscal de la Corte Penal Internacional a acelerar la investigación sobre crímenes de lesa humanidad, como –sostienen– quedó reportado por la OEA en un informe oficial.

El gobierno mexicano se abstuvo de firmar dicho posicionamiento y consideró que estas acciones, lejos de resolver la situación en Venezuela, abonarían a agudizar el deterioro de las condiciones de vida de sus ciudadanos. “En tal virtud, México no considera apropiada cualquier vía que no dé prioridad al fomento de la paz y del diálogo”, indicó el subsecretario.

Reyes declaró que con apego a los principios rectores de la política exterior establecidos en la Constitución, México continuará promoviendo la cooperación internacional, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de controversias y el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, tanto en Venezuela como en el resto del mundo.

Reconoció la existencia de una dinámica que ha alterado la tranquilidad y la prosperidad del pueblo venezolano, así como la situación en torno al respeto de los derechos humanos que se vive. Agregó que las vulnerabilidades en los ámbitos económico y social se muestran en la migración de más de 3 millones de venezolanos que han ingresado, en mayor o menor medida, a los países de la región.

Advirtió que la ausencia de representantes de los países miembros de la OEA en Venezuela disminuiría la capacidad de interlocución con los actores de esa nación. Eso derivaría en una autoexclusión de procesos fundamentales para los intereses regionales.

México mantendrá relaciones diplomáticas con Venezuela y el gobierno de López Obrador se abstendrá pronunciarse sobre la legitimidad del gobierno venezolano. Ello, explicó, “en fiel seguimiento a sus principios constitucionales de política exterior”, sostuvo. En paralelo, Reyes precisó que el país continuará siendo miembro activo del Grupo de Lima.

La postura adoptada por la actual administración contrasta con la conducida durante el sexenio pasado. El ex canciller Luis Videgaray había liderado los debates de este mecanismo establecido el 8 de agosto de 2017 para estudiar la crisis en Venezuela e intentar buscar soluciones pacíficas.

Incluso en Ciudad de México en mayo del año pasado se llevó a cabo una reunión en la que los 14 estados lanzaron un ultimátum al gobierno de Maduro para suspender el proceso electoral que se realizó el 20 de ese mes, al considerar que era ilegítimo y carente de credibilidad.

Esta nota originalmente se publicó en La Jornada

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