José Zorrilla de San Martín Diego, quien se desempeñara como secretario de Turismo y Desarrollo Económico (Styde) durante la pasada administración del exmandatario Gabino Cué Monteagudo, fue sancionado por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Oaxaca con la cantidad de 170 millones de pesos.

A su vez, Zorrillo fue inhabilitado por un periodo de 10 años que le impide ejercer cualquier cargo público, esto debido a las irregularidades encontradas en esta instancia durante el 2015.

Cabe mencionar que Zorrilla de San Martín Diego nunca ejerció su derecho de audiencia ni se presentó a aportar pruebas que lo absolvieran del desfalco millonario del que se le acusa, pese a las notificaciones que la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental le ha hecho.

De este modo quedó firme la sanción económica y la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra dicho personaje.

Según la resolución de fecha 12 de noviembre dentro del expediente número 118/RA-A/2017, se desprende que el exfuncionario es probable responsable de cometer un quebranto financiero de 170 millones de pesos referente a la construcción de un estacionamiento para mil autos en el auditorio Guelaguetza, en el Cerro del Fortín de la ciudad de Oaxaca de Juarez.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinaron que el otrora funcionario no comprobó la aplicación de recursos federales del ejercicio 2015 destinado a la construcción de este espacio.

También se detectaron irregularidades en el plan de obra de las escalinatas, la estructura y remodelación del estacionamiento, ante lo cual la investigación se extendió a Francisco Zorrilla, exdirector del Fideicomiso para el Desarrollo Logístico (Fidelo), primo de José Zorrilla, junto con dos funcionarios más que participaron en el proyecto.

Por su parte, el secretario de la Contraloría de Oaxaca, José Ángel Díaz Navarro, reveló que acerca de las observaciones de 900 millones de pesos a la Cuenta Pública 2017, durante el primer año de la administración de Alejandro Murat, el secretario aseguró que ya se entregó la documentación que solventa esas observaciones y esperan “no tener mayor problema”.

Días Navarro recordó que en la actual administración se ha sancionado a cerca de mil funcionarios por la comisión de faltas graves en el desempeño de sus cargos durante la administración pasada.

Asimismo, indicó que las sanciones que han impuesto a ex servidores públicos van desde inhabilitaciones para ejercer cargos públicos entre dos y hasta 10 años, así como multas económicas que en algunos funcionarios superan los 100 millones de pesos. Estos procedimientos son parte de la revisión que hace la SFP a las observaciones por más de 8 mil millones de pesos que arrastraba el gobierno oaxaqueño, entre quienes destacan dependencias como los Servicios de Salud, Seguro Popular y la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial, por citar algunos que manejaban los mayores presupuestos.

Confirmó que existe una denuncia penal por las irregularidades encontradas en la edificación del Centro de Iniciación Musical de Oaxaca (CIMO), obra inaugurada sin concluirse, al final de la administración de Cué.

“Nos entregaron observaciones arriba de 8 mil millones de pesos y las sanciones que hemos metido son contra los funcionarios que no entregaron la documentación soporte o que reportaron obra como pagada, pero que no fue ejecutada”, finalizó.

 

 

Esta nota originalmente se publicó en El Universal

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