Ciudad de México.- Para disminuir los altos niveles de corrupción que hay en México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) demandó al nuevo gobierno federal el fortalecimiento de las fiscalías autónomas y dar el siguiente paso para su materialización en los niveles federal y estatales para un efectivo acceso a la justicia, además de llamar al Senado a nombrar a la persona titular de la Fiscalía Especializada en el Combate contra la Corrupción.

En el marco del Día Internacional contra la Corrupción que se celebra este 9 de diciembre, el organismo nacional expresó su preocupación de que México se ubica en la posición 135 de 180 países evaluados en materia anticorrupción, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional (TI), mientras que a nivel regional también está entre las peores posiciones de América Latina y el Caribe, con base en la evaluación realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La CNDH exhortó a las autoridades gubernamentales a cumplir “cabalmente “con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales.

“Además se deben de adoptar las medidas administrativas, legislativas o de cualquier otro carácter para prevenir y sancionar actos de corrupción, los cuales impiden el desarrollo económico de nuestro país, debilitan a las instituciones y transgreden los derechos humanos de todas las personas, particularmente de aquellas en situación de pobreza y de grupos de atención prioritaria”.

De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se roban 2.6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más del 5% del Producto Interno Bruto mundial.

Esta posición, de acuerdo con la OCDE, se debe a los niveles mínimos o nulos de cumplimiento relacionados con la investigación y sanción de corrupción en operaciones internacionales, conforme a la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Internacionales.

Agregó que los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 efectuada por el INEGI detallan que el costo total a consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades fue de 7 mil 218 millones de pesos, lo que representa 12.5% de cambio respecto de 2015.

 

Esta nota originalmente se publicó en El Universal

Compartir

Dejar respuesta