Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó retirar las acusaciones por lavado de dinero que pesaban sobre el tesorero de la Sección 22 de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación (CNTE), Aciel Sibaja Mendoza.

De esta forma, a propuesta del ministro Arturo Zaldívar, los ministros de la Primera Sala concluyeron que un tribunal federal deberá dictar, cuanto antes, la absoluta libertad a Sibaja por dicho ilícito ya que se le violentó el debido proceso.

Y es que Aciel Sibaja había sido acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y ejercicio indebido de funciones.

La Corte expuso que, en las investigaciones había pruebas recabadas, tanto por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda como por la PGR, que no fueron autorizadas por un juez, por lo cual resultan ilícitas y deben ser excluidas.

Se explicó que si la SHCP toma por su cuenta la investigación de delitos penales y adopta al respecto medidas de aseguramiento de cuentas bancarias, lo que se realiza, incluso, sin intervención del Ministerio Público, es difícil sostener que se está actuando dentro del orden constitucional.

“En realidad, la referida Secretaría, está ejerciendo facultades que la carta magna reserva a la representación social y, en su caso, a las policías, en lo que se refiere a la investigación de delitos, pero incluso, a los jueces tratándose de ciertas medidas cautelares que requieren de control judicial”, destacó Zaldívar.

El amparo otorgado este miércoles por la SCJN obliga al Primer Tribunal Unitario en Materia Penal de la Ciudad de México a dejar sin efecto el auto de formal prisión dictado a Sibaja Mendoza y en su lugar emitir otra resolución en la que decrete su libertad absoluta.

Los ministros explicaron que con el dictado de la resolución que decrete la libertad absoluta del quejoso, se ordenará que el inculpado sea materialmente puesto en libertad única y exclusivamente por los hechos y el delito a que se refiere esta resolución.

 

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior

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