Para la caravana migrante, el sueño americano se quedará en Tijuana. Muy pocos lograrán, mediante el asilo, cruzar a Estados Unidos, y mientras crece la lista de quienes buscan regresar a sus países de origen, también la voluntad de conseguir empleo y asentarse en la frontera mexicana.

Han pasado tres semanas desde que más de seis mil centroamericanos llegaron a Tijuana y dos mil más a Mexicali… el desafío, en adelante, será que no se conviertan en víctimas de la trata de personas o el crimen organizado, además de que su presencia no será un reto mayúsculo para las autoridades, siempre y cuando estén organizadas.

Así lo advierte el secretario general académico del Colegio de la Frontera Norte, Óscar Contreras, quien asegura que evitar los riesgos dependerá de las opciones de reinserción social y económica de este grupo vulnerable que ha enfrentado no sólo el hacinamiento en los albergues, sino también el rechazo de un sector de la población de Tijuana que los sataniza.

Contreras señala que el intento fallido de cruce, el pasado 25 de noviembre, representa un punto de quiebre en las aspiraciones de quienes salieron el 13 de octubre de Honduras y recorrieron miles de kilómetros hasta Tijuana en busca de puertas abiertas hacia Estados Unidos.

Al día siguiente de que los migrantes se toparon con el muro y la patrulla fronteriza, se incrementó el número de solicitudes de retorno asistido a sus países, además del interés por obtener un trabajo temporal ofertado en la Feria del Empleo que instaló el gobierno del estado. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), al menos mil 500 migrantes han realizado trámites para un empleo.

“Son cada vez más y tenemos evidencia de ello, los que se van a quedar en la ciudad y habría que enfocar más la estrategia en este segmento de los migrantes. Estrategias de inserción, se trata de un conjunto de estrategia, ahí si el estado tiene los recursos, pero requiere una sintonía bien calibrada para que realmente existan opciones”, dijo.

Asegura que, a diferencia de los señalamientos de algunas autoridades locales, como las del propio alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, si deciden quedarse en la ciudad, no deberá ser motivo de una crisis económica y mucho menos social.

“Los que se van a quedar representan un desafío en muchos sentidos para la ciudad, debo decir, un desafío muy manejable, no es algo que ponga en crisis ni amenace la viabilidad de la ciudad”, asegura en entrevista.

El mayor reto estará en la seguridad, pues los crecientes índices delictivos en Tijuana obligan a una asignación de recursos económicos y humanos.

“La proporción de recursos que se tienen que destinar en materia de seguridad para la atención de los migrantes es mayor a las implicaciones para otro tipo de servicios públicos. Lo anterior es particularmente relevante en un contexto de niveles crecientes de violencia, como ha conocido la ciudad en los dos últimos años, asociados a un crecimiento de la percepción de inseguridad”, indica el estudio “La caravana de migrantes centroamericanos en Tijuana 2018, diagnóstico y propuestas de acción”, elaborado por el Colegio de la Frontera Norte.

“Un grupo de migrantes de esta magnitud representa importantes oportunidades de negocio para grupos criminales, tales como el cobro a los migrantes por el servicio de cruzarlos a Estados Unidos y la venta de drogas. También existe la posibilidad de que algunos grupos criminales pretender reclutar migrantes para sus organizaciones, por ello brindar servicios de seguridad a la caravana implica desplazar recursos humanos y materiales de las instituciones de seguridad que antes estaban asignados a otras tareas”, detalla el análisis.

La propuesta pasa por mejorar los servicios de salud y reorganizar la condición en que se encuentra el albergue para evitar enfermedades y hacinamiento, así como mejorar la situación de alojamiento.

El documento presentado detalla que al menos 20 por ciento de sus integrantes, de un universo de mil encuestados, admite la intención de quedarse en Tijuana y desistir de cruzar sin documentos a Estados Unidos.

Igualmente, solo 20 por ciento manifestó interés por solicitar asilo en Estados Unidos. Actualmente hay un rezago de al menos 2 mil solicitudes, por lo que el tiempo de espera puede prolongarse por meses.

Aunado a ello, el gobierno estadunidense se demora entre 180 días y hasta dos años para presentar un caso de asilo ante un juez. Menos de 25 por ciento de los centroamericanos que lo solicitan, recibe una resolución afirmativa.

Lo mismo ocurre con quienes buscan tramitar la condición de refugiados en México, pues hay un rezago desde 2017, y solo 53 por ciento de las solicitudes se han procesado.

Frente a la posibilidad de que muchos opten por el cruce irregular con apoyo de coyotes, el Colegio de la Frontera Norte refiere que la Encuesta de Migración en la Frontera Sur de 2017 dice que 77.6 por ciento de los centroamericanos devueltos a sus países de origen habrían contratado a un pollero para lograr cruzar y, en promedio, pagó 4 mil 610 dólares. Por eso, la alternativa de permanencia en México es creciente para los centroamericanos que llegaron a suelo nacional el 19 de octubre pasado.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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