LIMA.- El expresidente peruano Alan García dijo el lunes que asistirá a las convocatorias de la fiscalía que lo investiga por corrupción luego de abandonar la embajada en Lima de Uruguay, que le negó un pedido de asilo por supuesta persecución política.

García dijo en un comunicado leído por su secretario personal, Ricardo Pinedo, que permanecerá en su domicilio durante el periodo de investigación. Pinedo indicó que el exmandatario no ha solicitado asilos en otras embajadas.

La permanencia de García en la embajada uruguaya duró 17 días en los cuales el gobierno del presidente Martín Vizcarra envió abundante documentación sobre la independencia de poderes y el Estado democrático que se vive en el país para que Uruguay evaluara la solicitud de asilo.

“En el Perú nadie tiene corona. Nuestra democracia garantiza la independencia de poderes y el debido proceso”, dijo Vizcarra después de conocida la decisión a través de su cuenta de Twitter.

“Es un golpe muy fuerte para la impunidad y la corrupción”, comentó a The Associated Press José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional. “El hecho de que Uruguay haya sido receptivo a la información presentada por Perú acredita que no hay golpe de Estado en el país como argumentó Alan García, que no hay persecución política porque es evidente que el gobierno peruano no controla el Poder Judicial ni la fiscalía”, dijo Ugaz, quien también fue procurador anticorrupción.

Durante la mañana, García abandonó la embajada uruguaya en un automóvil plateado con vidrios polarizados. Primero fue a la casa de su hija y después retornó a su vivienda en un barrio rico de Lima.

Al negarle la solicitud de asilo, el presidente uruguayo Tabaré Vázquez dijo que no había pruebas que respaldaran la demanda de García de que estaba siendo perseguido políticamente.

“No concedemos el asilo político al señor Alan García”, dijo el presidente uruguayo. “Entre otras cosas por los elementos jurídicos mencionados y también porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado y especialmente el Poder Judicial, que está llevando adelante las investigaciones sobre eventuales delitos económicos del expresidente”.

Vázquez agregó que se estudiaron más de mil hojas sobre el caso que presentó el gobierno del Perú, más lo presentado por García y su abogado. El viernes Perú recibió el respaldo del embajador de Estados Unidos en Lima, Krishna R. Urs, quien comentó durante un evento empresarial que estaba “convencido de la independencia de los poderes aquí (Perú)”.

El 17 de octubre un juez anticorrupción prohibió a García salir del país durante 18 meses luego de que la fiscalía decidió ampliar su investigación por los supuestos delitos de lavado de activos y colusión agravada. Horas después el exmandatario ingresó a la embajada uruguaya solicitando asilo. La fiscalía afirma que el expresidente recibió 100.000 dólares de dinero sucio de Odebrecht, maquillados bajo la apariencia de pagos por una conferencia que García ofreció en Sao Paulo en 2012.

García es investigado por la construcción de la primera ruta del metro de Lima culminada en su segundo gobierno (2006-2011), una obra que había empezado en su primer mandato (1985-1990) y que está plagada de sospechas de corrupción.

Las investigaciones preliminares por presunta corrupción de Odebrecht en Perú también han llevado a prisión a la poderosa líder de la oposición Keiko Fujimori junto a sus principales asesores.

Odebrecht admitió en un acuerdo con el Departamento de Justicia en Washington que pagó unos 800 millones de dólares en sobornos a políticos de toda Latinoamérica, incluyendo 29 millones de dólares a los gobiernos de Perú.

En 1992 García solicitó otro asilo que fue aceptado e ingresó a la embajada de Colombia en Lima. Retornó a Perú en 2001 cuando los delitos de corrupción por los que se lo investigaba habían prescrito.
Esta nota originalmente se publicó en El Universal

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