El Congreso local, la Secretaría de la Contraloría y la Fiscalía General del Estado investigan irregularidades cometidas por el ex titular de la desaparecida Auditoría Superior del Estado (ASE), Carlos Altamirano Toledo, por encubrir millonarios desvíos de recursos durante el sexenio de Gabino Cué Monteagudo.

Los informes opacos, insuficientes e incongruentes de Altamirano Toledo, tuvieron su primera consecuencia en la LXIII Legislatura, donde los diputados locales, incluso de partidos aliados de Gabino Cué Monteagudo, le rechazaron las Cuentas Públicas 2014, 2015 y 2016.

Al concluir el sexenio de Gabino Cué, la Auditoría Superior del Estado declaró solventadas observaciones por 4 mil 988 millones de pesos, sin que se sancionaran irregularidades denunciadas desde la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y la Auditoría Superior de la Federación.

 RECURSOS SIN JUSTIFICAR

De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) contra la administración anterior existen procedimientos administrativos y penales por irregularidades que superan los 27 mil millones de pesos.

Y es que el gobierno aliancista no justificó recursos por 9 mil 200 millones de pesos de participaciones federales y 17 mil 700 millones de pesos de aportaciones federales, además de 880 millones de pesos de Seguro Popular y 1 mil 800 millones de pesos de convenios.

 Antes de irse, Altamirano Toledo cerró el ejercicio 2016 y sólo elaboró 3 informes de auditoría, para complementar 52, blanqueó expedientes de autoridades estatales y municipales, integró 37 expedientes de auditoría a modo y entregó 36 expedientes de solventación.

Para los legisladores locales lo más sospechoso es que ningún expediente concluyó en la unidad de asuntos jurídicos.

 

INVESTIGAN CUENTAS BANCARIAS

Las autoridades locales investigan además las cuentas de HSBC que utilizó el ex funcionario para gastos de operación, servicios personales, entre ellas las siguientes: 4057022063, 4057022071, 4057152597, 4057153314 y 4057298291.

Las sospechas por el encubrimiento de recursos millonarios inició en el 2017 cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado (ASE) que encabezaba Carlos Antonio Altamirano declaró solventadas 432 recomendaciones realizadas contra ex funcionarios del gobierno de Gabino Cué Monteagudo.

A pesar de que se preveía un escándalo mayúsculo durante la solventación de observaciones y recomendaciones emitidas contra ex funcionarios estatales, en el período 2011-2016, para Altamirano Toledo nadie era corrupto y todas las observaciones fueron puntualmente atendidas.

Para la ASF resultó sospechoso que en la ASE todas las observaciones fueran aclaradas puntualmente en el gobierno de Gabino Cué.

 LIMPIÓ EXPEDIENTES DE EX FUNCIONARIOS

En el 2011 la ASE limpió 105 expedientes de funcionarios de Gabino Cué; en el 2012 un total de 230 expedientes y otros 97 en el 2013.

A pesar de ello, la Auditoría Superior de la Federación confirmó la presentación de denuncias penales en contra de ex funcionarios del gobierno de Gabino Cué, por irregularidades ocurridas en los años 2012, 2013 y 2014.

Las indagatorias fueron presentadas por el órgano auditor de la Cámara de Diputados de Congreso de la Unión luego de que no comprobaran el ejercicio de recursos superiores a los 800 millones de pesos.

Sin precisar nombres de los ex funcionarios imputados, aunque ya han sido notificados, se indicó que las denuncias penales se iniciaron a partir del 2015 y 2016, luego de la realización de las auditorías 524/2012, 599/2013 y 1074/2014.

 ORQUESTARON ENCUBRIMIENTOS

Al iniciar la actual administración se reveló que ex funcionarios que heredaron dependencias como el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE); el Tribunal Contencioso Administrativo; la Fiscalía General del Estado y la Auditoría Superior del Estado habían simulado procedimientos para favorecer a ex colaboradores de Gabino Cué Monteagudo y cuyos expedientes habían sido limpiados.

Ex funcionarios como el ex secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas, ya procesado y su tesorero, Carlos de la Cruz Orozco; además de los ex secretarios Alberto Vargas Varela de Administración y José Zorrilla de Turismo, entre otros, forman parte de los ex servidores públicos que incurrieron en conductas que se presume fueron maquinadas para comprobar el desvío de recursos.

Altamirano Toledo, titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), es el único ex funcionario vinculado al sexenio pasado con la responsabilidad de instruir procedimientos contra Gabino Cué Monteagudo y sus ex funcionarios.

En los resultados de la Cuenta Pública 2015, dados a conocer en febrero de 2017, la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer que realizaría acciones contra ex servidores públicos del sexenio pasado para recuperar 3 mil 8 millones 529 mil pesos.

Sólo en el 2016, los ex servidores públicos del gobierno de Gabino Cué no solventaron 6 mil 264.7 millones de pesos ante la Auditoría Superior de la Federación.

Sin embargo, al informar sobre la situación que guarda la solventación de observaciones y recomendaciones emitidas contra la anterior administración, en el período 2011-2015, la ASF precisó que de acuerdo a la ASE todas las observaciones fueron puntualmente atendidas.

Según el órgano auditor de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para la ASE todas las observaciones fueron aclaradas puntualmente en el gobierno de Gabino Cué.

Es más, el órgano auditor del Congreso local reportó que todas las observaciones de la ASF se atendieron con celeridad y que «ninguna se atendió de manera extemporánea».

 

TAMBIÉN ABANDONÓ AUDITORÍAS

Por si fuera poco, Altamirano Toledo también dejó de hacer su trabajo, pues en el sexenio de Gabino Cué, no realizó auditorías a más de 50 municipios por lo que tuvo que realizarás en el 2017 el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.

Tras auditar a 55 municipios de Oaxaca que ejercieron recursos públicos en el trienio 2014-2016, el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado reveló que más de 40 municipios están pendientes de solventar observaciones por 618.5 millones de pesos.

El organismo precisó que en total las observaciones realizadas en el ejercicio de auditorías del 2017, realizadas tras la desaparición de la ASE, ascienden a 802.7 millones de pesos y que a la fecha sólo han solventado 190 millones 605 mil 344.27 pesos.

El ejercicio auditado 2016 comprende recursos por 1 mil 441 millones 618 mil 18 pesos con 31 centavos.

Al final, la muestra auditada fue de 1 mil 236 millones de pesos.

PERSISTE LA IMPUNIDAD

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca dio a conocer que la desaparecida Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico que encabezó José Zorrilla de San Martín Diego aún no justifica recursos por 6 millones 671 mil 130 pesos con 38 centavos.

Al reportar la conclusión de la auditoría a la Cuenta Pública del 2016, el último año de gestión de Gabino Cué Monteagudo, reveló que se auditó una muestra de 267.7 millones de pesos ejercidos de un universo de 499.5 millones de pesos, concluyéndose con observaciones por 6.6 millones de pesos, a la fecha sin aclarar.

A los recursos sin solventar se suman más de 4.3 millones de pesos ejercidos por Sergio Pimentel Coello y los organismos del sector de la Secretaría de las Infraestructuras, principalmente en materia de caminos.

El organismo fiscalizador reportó que realizó revisiones y la fiscalización de cuatro dependencias del Poder Ejecutivo, 3 entidades paraestatales y 2 órganos que ejercieron 2 mil 186.1 millones de pesos.

En la auditoría realizada se consideró también la revisión física a 92 obras con una inversión de 400 millones 500 mil pesos.

Al concluir las auditorías se realizaron observaciones por 42.5 millones de pesos, de los cuales fueron solventados, devueltos y aclarados 31.4 millones de pesos, quedando sin aclarar 11.1 millones de pesos.

El órgano fiscalizador del Congreso local reportó que también el Instituto del Patrimonio Cultural del Estado de Oaxaca fue auditado, así como Caminos y Aeropistas de Oaxaca y la Secretaría de Vialidad y Transporte.

El reporte detalla que se realizaron verificaciones físicas en 30 obras realizadas por la Secretaría de Infraestructuras por un monto de 155.3 millones de pesos y 40 obras realizadas por CAO por un monto de 40.3 millones de pesos.

Tras referir que también se verificaron 18 obras de la Comisión Estatal de Vivienda por un monto de 28.4 millones de pesos, el organismo dio a conocer que también la desaparecida STYDE realizó obras por un monto de 49 millones de pesos y 3 obras el INPAC por 126.3 millones de pesos.

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