A 45 días que el Congreso local creara la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado, el desaparecido Consejo de la Judicatura, encabezado por el ex presidente del Tribunal, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, mantiene el control financiero de 660 de 819 millones de pesos asignados en el 2018 al Poder Judicial de Oaxaca.

Dado que existe un decreto legislativo que determinó la desaparición del CJ,  ese manejo presupuestal podría implicar, incluso, un abuso de autoridad.

La operación del Consejo de la Judicatura la encabeza Lagunas Rivera desde abril del 2011, cuando Gabino Cué Monteagudo reformó la Constitución local para darle “una nueva estructura” al Poder Judicial, donde el control absoluto de los presupuestos fue asumido por Lagunas Rivera.

En el 2018, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia que preside el magistrado Raúl Bolaños Cacho sólo tiene un presupuesto de 159 millones 280 mil 980 pesos.

En tanto que Lagunas Rivera, desde el desaparecido Consejo de la Judicatura, administra 660 millones 58 mil 906 pesos.

Actualmente, el Magistrado Bolaños Cacho encabeza el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y está a su cargo la Secretaría General de Acuerdos, la actividad jurisdiccional de impartir justicia, la oficina de Gestión Administrativa y el área de Comunicación Social.

A eso se reduce el control de la Presidencia del Poder Judicial del Estado.

 EL CONTROL DE LAGUNAS RIVERA

Atrás del Poder Judicial está Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera con el control de la presidencia del desaparecido Consejo de la Judicatura, donde tiene para sí una Secretaría Ejecutiva que también realiza sesiones de pleno y ejerce más del 80 por ciento del presupuesto del sector.

En sus manos está el control del Fondo para la Administración de Justicia, donde los números son secretos y nadie revela las cantidades que se administran.

Desde allí capta, controla y devuelve garantías judiciales, además de recibir pólizas de fianzas, maneja cantidades millonarias de billetes afectos a expedientes, certificados de depósitos bancarios de expedientes penales, civiles, familiares, no oficiales y de otros juzgados.

Todos los días desde Ciudad Judicial, el organismo realiza devoluciones de cheques nominativos y órdenes de pago y transferencias bancarias desde todo el Estado, incluyendo los depósitos por pensiones alimenticias.

El Consejo de la Judicatura de Lagunas Rivera también controla la Dirección de Periciales y la Escuela Judicial que ofrece cursos, talleres, foros y mesas de análisis donde también se erogan fuertes cantidades de presupuesto.

También una abultada burocracia se encarga de la Dirección de Derechos Humanos y la Dirección de Justicia Alternativa, donde se atienden asuntos de carácter familiar, civil, mercantil, penal y vecinal.

Las adecuaciones presupuestales se realizan desde la Dirección de Planeación e Informática que también está bajo control del grupo de Lagunas Rivera, quien mantiene una serie de procedimientos ante el Poder Judicial de la Federación para seguir controlando al desaparecido Consejo de la Judicatura.

La verdadera Dirección de Administración del Poder Judicial está en el Consejo de la Judicatura, ya que la oficina de Gestión Administrativa a cargo del magistrado Raúl Bolaños Cacho es solamente una mesa de trámites creada por el mismo Lagunas Rivera.

Desde allí se controlan los recursos humanos, el tema de la seguridad social y el seguro de vida, así como lo más importante, la nómina del Poder Judicial.

En el desaparecido Consejo de la Judicatura se mantiene férreo el control patrimonial y de bienes en custodia, así como la Unidad de Recursos Materiales, el área de Servicios Generales y los CENDIS para niños, además de áreas de Atención Laboral.

MANEJO TOTAL DE FINANZAS

El organismo creado en 2011 con las reformas para favorecer a Lagunas Rivera, le permiten controlar ante la Secretaría de Finanzas, a través de su dirección de Finanzas, todo los depósitos del presupuesto, principalmente para gastos de operación y Servicios Personales.

Desde allí reciben presupuestos, realizan operaciones de caja, reciben nóminas originales y del Departamento de Nóminas; las transferencias electrónicas, la expedición y entrega de cheques para el pago de servicios personales, integran pólizas para el departamento de Contabilidad e integran las pólizas y las nóminas para pagar en efectivo.

Al mismo tiempo, la Judicatura controlada por Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera mantiene el control del departamento de Infraestructura, donde se realizan proyectos y costos, así como expedientes y controles de obra, además de un departamento de Protección Civil.

Fuentes de la misma Judicatura revelaron que actualmente el Departamento de Infraestructura trabaja en proyectos de plantas de aguas residuales, construcción de salas de audiencia y otras obras en los centros de justicia y salas penales de El Espinal, Huajuapan, Ixtlán. Sola de Vega, Tuxtepec, Huajuapan y Putla Villa de Guerrero.

A la fecha, el control de las auditorías al Poder Judicial están limitadas a la Dirección de Contraloría Interna, la cual es controlada también por Lagunas Rivera y que en lo que va del año realizó 7 auditorías al manejo de fondos, bienes y valores de los juzgados, sin que detectaran irregularidades.

Algunas observaciones a auditorías son solventadas a la brevedad.

CONTROL DE PLAZAS

Un reporte del mismo Consejo de la Judicatura refiere que en el primer semestre del año se realizaron cambios de personal de distintos juzgados del Poder Judicial, atendiendo las necesidades de cada área y que todas las necesidades de servicio público se resolvieron de manera eficiente mediante acuerdos tomados en el seno del Consejo de la Judicatura.

Al mismo tiempo, la Secretaría Ejecutiva también realizó 49 audiencias para ejecutar acuerdos generales tomados por el Plano del [consejo de la Judicatura, dando trámite a sesiones y solicitudes de autoridades federales y locales.

En el caso del Fondo de Administración de Justicia se destaca que es un órgano encargado de coordinar e instrumentar la captación, control y devolución de garantías judiciales, para apoyar las actividades de modernización y mejoramiento de las funciones del Poder Judicial.

En el mismo informe se destaca el control del Poder Judicial desde la Judicatura, donde se instrumentan controles de garantías judiciales y se ejecutan procedimientos de revisión y depuración de inventarios de certificados de depósitos en varios juzgados.

También se reporta la recepción de pólizas don requerimiento de pago notificado a compañías afianzadoras.

Cabe recordar que a su llegada al Poder Judicial, Lagunas Rivera cuestionó que se controlara el Fondo de Administración de Justicia  sin rendir cuentas.

Actualmente sólo refiere que en este se realizaron 3 mil 550 operaciones en el primer semestre del año, detallando el número de depósitos realizados en materia civil, penal y familiar, pero sin mencionar cifras en pesos.

Se contabiliza la recepción y devolución de cheques pero también sin mencionar cantidades.

GESTIÓN DE RECURSOS

En el último semestre, a través de su área de Finanzas, el organismo que preside Lagunas Rivera realizó la gestión de recursos para gastos de operación por 10.8 millones de pesos ante la Secretaría de Finanzas, mismos que le tocó administrar desde el ejercicio 2015.

A ellos se suman otros 19.2 millones de pesos de gastos de operación y 9.2 millones de pesos de servicios personales, correspondientes al ejercicio 2016, cuando todavía encabezaba el Poder Judicial.

Y también se suma la gestión de recursos por 879 mil pesos de gatos de operación y 6.4 millones de pesos por concepto de servicios personales de los meses abril a junio de 2018.

Asimismo, mantiene la captación de recursos financieros de la Secretaría de Finanzas a través de transferencias del Servicio de Pagos Electrónicos (SPEI) y las operaciones de caja, así como el pago a proveedores y prestadores de servicios del Poder Judicial.

Todos los préstamos a empleados por convenio sindical tienen que pasar por el departamento de Finanzas controlado por el ex presidente del Tribunal, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera.

Al interior del Poder Judicial tampoco pueden disentir del control que mantiene el magistrado del Poder Judicial, pues también la Contraloría Interna está a su servicio y desde allí vigila la actuación y el desempeño de los funcionarios del Poder Judicial.

Controla además el departamento de quejas, denuncias, situación patrimonial y atención ciudadana.

De acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia del Estado su misión es brindar servicios eficaces y eficientes de impartición y administración de justicia, atendiendo a las directrices que establece el marco legal vigente y a los valores institucionales, brindados por un sistema de gestión de calidad.

Cabe destacar que en el 2017, al concluir el año, a través de su Dirección de Finanzas, la Judicatura gestionó recursos por 10.8 millones de pesos ante la Secretaría de Finanzas, así como por 29.2 y 13.13 millones de pesos, además de las Cuentas Por Liquidar Certificadas del Ejercicio 2017.

Asimismo ejerció recursos para colocación de pisos en juzgados de la colonia Ex Marquesado y realizó obras en Centros de Justicia del Istmo y Valles Centrales.

Los cuestionamientos por la ambición desmedida de control en el Consejo de la Judicatura, a pesar de la intervención del Poder Legislativo y la creación de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado no se han hecho esperar y en fecha reciente el presidente de la Barra Nacional de Abogados, Capítulo Oaxaca, Juan José Meixueiro Orozco, calificó de grave, desde el punto de vista jurídico, que el ex presidente del Tribunal de Justicia, Alfredo Rodrigo Lagunas Rivera, continúe operando el Consejo de la Judicatura, el cual primero fue desaparecido por la LXIII Legislatura y después se concedió una suspensión mediante un amparo para dar paso a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, creada por el Poder Legislativo.

“Es grave que los magistrados, encabezados por Lagunas Rivera, no abonen a garantizar el funcionamiento adecuado de la institución encargada de la administración de justicia en Oaxaca”, dijo.

 

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