Los gobiernos estatal y federal se vieron rebasados por la situación de emergencia tras los sismos del 7 de septiembre en el Istmo de Tehuantepec, y aunque hubo avances en el levantamiento de información para la asignación de recursos para la reconstrucción, el sismo del 19 de septiembre, desvió la atención al centro del país.

A un año del terremoto, el Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO DH) dio a conocer un informe de intervención en el sismo avances y pendientes en la atención a la población afectada.

En dicho informe expone que desde los días posteriores al sismo, los gobiernos estatal y federal se vieron rebasados por la situación de emergencia en el Istmo de Tehuantepec sobre todo con las réplicas del 23 de septiembre que terminaron por colapsar viviendas con serios daños, viviendas que no fueron censadas o que tuvieron un daño menor cuando se realizó el censo.

El colapso de las instituciones educativas, de salud, bancarias, comerciales y municipales, ahondaron las desigualdades y retrasaron la reconstrucción; pues aunque los recursos estuvieron asignados desde octubre, la entrega empezó a concretarse con muchas dificultades a partir de noviembre, por la inexistencia de bancos o cajeros electrónicos en la región. 

Durante este año, los principales derechos humanos afectados han sido el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, a la alimentación, al trabajo, a un medio ambiente sano y a la recreación.

Por lo que para CODIGO DH, apoyar en estas circunstancias ha sido una tarea crucial, como parte de su labor de atención integral y de acompañamiento a personas defensoras que desarrolla desde 2012. 

A pesar de todas las actividades emprendidas queda mucho por hacer, especialmente en la reconstrucción de viviendas, en el acceso a servicios educativos, de salud, reparación de caminos y drenajes, trabajo y recreación de las personas que resultaron afectadas durante el sismo del 7 de septiembre y sus posteriores réplicas.

Francisco Ramírez

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