El atentado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el pasado 4 de agosto, empieza a convertirse en la coartada perfecta del régimen para perseguir, una vez más, a los opositores políticos. Tras la detención arbitraria de Juan Requesens, el joven diputado del partido Primero Justicia, y la petición de cárcel para Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional, exiliado en Bogotá, el resto de la oposición teme que llegue un nuevo proceso represivo que permita cierta estabilización del mandatario en el poder.

En la sesión de la Asamblea Constituyente del miércoles, en la que quedó allanada la inmunidad parlamentaria de Borges y Requesens, acusados de supuestamente participar en el atentado, su presidente actual, Diosdado Cabello, concluyó afirmando: “Estos son los dos primeros que aparecen señalados. La investigación sigue. A todo aquel que esté involucrado le llegará la justicia. Viene la justicia, y viene con todo”.

Fuentes cercanas a las negociaciones que buscaron un acuerdo entre la oposición y Maduro en República Dominicana a comienzos de este año recuerdan que se comentó con frecuencia que al dirigente opositor Borges se le había advertido sobre las consecuencias que le acarrearía no firmar y profundizar el asedio diplomático. Terminada la jornada en Santo Domingo, el máximo líder de Primero Justicia no regresó a Venezuela y sacó a su familia del país rumbo a Bogotá.

Con Información de El País

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